Asunción, 3 ago (EFE).- El tribunal encargado de la causa por la masacre ocurrida en 2012 en Curuguaty, que provocó la muerte de once campesinos y seis policías y la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, suspendió hoy el juicio a los acusados después de que el defensor de once de ellos pidiera la recusación de los jueces.
El defensor Víctor Azuaga solicitó que los jueces se aparten de la causa a raíz de unas declaraciones que realizó el presidente del tribunal, Ramón Trinidad Zelaya, en la sesión del pasado martes, cuando dijo que «el proceso lleva ya tres años y la prensa y la gente quieren conocer ya la sentencia».
Azuaga consideró que el juez Zelaya «perdió su independencia» con estas declaraciones, y está sometido a «injerencias externas», por lo que «compromete su imparcialidad y transgrede los derechos procesales» de los acusados.
Expuso además que el resto de miembros del tribunal aceptaron las declaraciones de Zelaya con «su silencio», por lo que pidió la recusación del pleno del tribunal.
El tribunal trasladó el pedido a sus superiores, que tendrán ahora un plazo de 24 horas para resolver si aceptan o rechazan el pedido de recusación, aunque Zelaya ya advirtió que los jueces «se oponen» a esta solicitud, dado que «no se halla fundada».
Azuaga asumió la defensa de once de los acusados el pasado martes, después de que al inicio del juicio renunciaran a sus anteriores abogados por «haber perdido la confianza» en ellos.
El abogado solicitó entonces un plazo de tiempo «razonable» para poder estudiar los 17 tomos que componen el expediente del caso, que constan de más de 3.000 páginas.
El tribunal concedió un plazo de tres días, que Azuaga consideró «excesivamente insuficiente» y que «limita el ejercicio de la defensa», por lo que hoy apeló esta decisión y pidió un plazo «superior a quince días».
La plataforma Somos Observadores, que promueve la participación ciudadana en la observación del juicio, consideró «importante» que el tribunal «no se sienta presionado por el apuro de emitir una sentencia», dijo a Efe Clyde Soto, investigadora, activista e integrante de este colectivo.
Soto añadió que el juez Zelaya ya fue parte del tribunal que juzgó a uno de los acusados por la masacre de Curuguaty, el dirigente campesino Rubén Villalba, en relación con un delito de coacción vinculado a una causa de 2008 conocida como Caso Pindó.
Villalba fue hallado culpable de este delito y condenado a ocho años de prisión por esta causa, por lo que es el único de los acusados por la masacre de Curuguaty que permanece encarcelado.
«Hemos recibido muchas críticas contra la actuación del tribunal en el caso Pindó. Villalba ya tiene una experiencia condenatoria injusta con el mismo juez Zelaya», declaró Soto, por lo que se mostró a favor de la recusación del magistrado.
Por su parte, Mariano Castro, padre de los acusados Néstor y Adalberto Castro, y de Adolfo Castro, fallecido en la masacre, dijo a Efe que la nueva suspensión del juicio es «muy buena» porque permitirá que «el nuevo abogado estudie bien la causa».
Castro reiteró la «confianza» de los acusados y sus familiares en la defensa que ejerce Víctor Azuaga, un abogado que «desde que estaba en la Pastoral Social (de la Iglesia católica) siempre acompañó mucho» a las víctimas de la masacre.
Doce de los acusados están siendo juzgados desde el pasado lunes en Asunción en relación con la muerte de seis policías ocurrida durante un violento desalojo en junio de 2012 de las tierras que unos campesinos habían ocupado para solicitar que formaran parte de la reforma agraria.
Además, hay otra acusada, menor de edad en el momento de los hechos, que será juzgada en noviembre a través del sistema penal adolescente.
La matanza desembocó una semana después en un juicio político al entonces presidente Fernando Lugo en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.