Asunción, 8 sep (EFE).- El tribunal a cargo del juicio por la masacre de Curuguaty en Paraguay, que en 2012 provocó la muerte de 11 campesinos y 6 policías y la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, decidió hoy suspender el proceso por una denuncia penal presentada en su contra, por presunta prevaricación.
La denuncia fue presentada este lunes ante la Fiscalía paraguaya contra el tribunal presidido por el juez Ramón Trinidad Zelaya, por los presuntos hechos de prevaricación y producción de documentos no auténticos, entre otros, explicó a Efe el abogado Víctor Azuaga, defensor de diez de los campesinos acusados.
Por otra parte, también fue presentada una denuncia contra la Cámara de Apelaciones de Salto del Guairá por supuestamente dictar «resoluciones arbitrarias y en tiempo récord», en relación con el último pedido de recusación al tribunal del juicio por la masacre.
Este pedido fue tramitado por el abogado Pablo Aguayo, defensor de una de las acusadas, y se resolvió menos de 24 horas después con la confirmación de los magistrados.
«Estamos planteando también una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para que resuelva juzgar a estos magistrados por mal desempeño de sus funciones», indicó Azuaga.
Los miembros del tribunal suspendieron hoy el proceso judicial a la espera de que la Fiscalía tramite las denuncias presentadas contra ellos y contra la Cámara de Apelaciones.
Para Azuaga, tanto las resoluciones de los magistrados como las acusaciones de la Fiscalía son «totalmente nulas» y forman parte de un «proceso viciado».
Destacó que nueve de los doce campesinos adultos están acusados por homicidio en grado de tentativa por la muerte de seis policías en la masacre, pero la Fiscalía «nunca encontró el arma que corresponda con los disparos».
Además, los disparos contra los policías «fueron efectuados desde arriba», mientras que en el caso de los campesinos los tiros impactaron «en la boca, el oído o el corazón», lo que lleva a deducir que «fueron ejecutados».
Los otros cargos que se imputan a once de los acusados son los de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, que Azuaga también puso en duda.
«Los acusados son campesinos reunidos en una asociación legal y reconocida por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Además, las tierras que ocuparon son públicas, de propiedad estatal, y la Fiscalía nunca pudo presentar el título de propiedad privada de la finca», expuso el abogado.
El terreno conocido como Marina Kué, donde se produjo la masacre, consta de unas 2.000 hectáreas de tierras en litigio desde hace una década entre el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
La matanza de Curuguaty, que dejó 11 agricultores y 6 policías muertos, ocurrió durante un violento desalojo en dichas tierras el 15 de junio de 2012, ocupadas por los campesinos de la zona para solicitar que formaran parte de la reforma agraria.
El hecho desembocó una semana después en un juicio político al entonces presidente, Fernando Lugo, en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.
Mientras que los campesinos enfrentan diversos cargos dentro del proceso judicial, la Fiscalía no ha investigado ni imputado a nadie por la muerte de los once labriegos durante el tiroteo.