Lima.

El líder y fundador del movimiento subversivo maoista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso, de 78 años, cumplirá mañana 20 años en prisión, sin que se hayan podido sofocar totalmente las acciones de remanentes de ese
grupo ilegal, que operan según el gobierno de forma conjunta con narcotraficantes en algunas zonas andinas del país.
Con cadena perpetua en la Base Naval del vecino puerto del Callao, Guzmán, abogado y ex profesor universitario, fue
detenido la noche del 12 de septiembre de 1992, en el interior de una casa ubicada en un barrio de clase media de Lima.
Su arresto se produjo tras un largo proceso de inteligencia y seguimiento que realizaron 85 agentes del denominado grupo GEIN (Grupo Especial de Inteligencia) de la policía peruana, durante el régimen del hoy encarcelado ex presidente Alberto Fujimori.
Los policías, entre ellos tres mujeres, vigilaron día y noche, por varios meses, la casa ubicada en el distrito limeño
de Surquillo, revisaron la basura de esa casa diariamente, y siguieron a cada una de las personas que visitaba el inmueble. En la casa vivía una pareja de novios, la profesora de danza moderna, Maritza Garrido Lecca, y un arquitecto, Luis Inchaustegui.
Ambos no despertaron ninguna sospecha entre los vecinos de que pudieran estar escondiendo al líder senderista, quien era buscado por la policía desde fines de los años 70. La revisión de la basura permitió detectar cajas de medicinas
para la soriasis, enfermedad que padece Guzmán y que la policía conocía perfectamente. Ese hallazgo determinó el inicio del operativo. El arresto de Guzmán, sin ningún muerto ni herido, fue atribuido a una estrategia ejecutada por el gobierno de Fujimori y su asesor, Vladimiro Montesinos, pero algunos testigos policiales cuestionan esa versión y afirman que fue sólo producto de la estrategia policial.
Más bien, destacan que mientras Guzmán sigue preso, sus autoproclamados «captores» –Fujimori y Montesinos- están ahora en prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción, bajo condena de hasta a 25 años de cárcel.
Los ex integrantes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dircote de la Policía Nacional fueron condecorados hoy en el Congreso de la República. El equipo dio con el paradero del denominado «líder sanguinario terrorista» tras un paciente seguimiento de dos años. Ellos entregaron a los ex miembros del GEIN una medalla y un diploma en reconocimiento de su labor en la llamada «lucha contra la subversión». Entre los homenajeados se pudo ver a los oficiales de la Policía en retiro, los coroneles Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro, el primero de ellos «cerebro» de la denominada operación «Victoria», que terminó en la captura de Guzmán, y el segundo responsable de toda la logística del grupo especial. «La policía peruana fue lo suficientemente inteligente para capturar a Guzmán. Guzmán cayó por la inteligencia de hombres que se entregaron, por devolver la paz al país», dijo Jiménez.

El arresto de Guzmán se produjo en circunstancias que arreciaba en Lima y varias ciudades del Perú una intensa lucha armada, caracterizada por el asesinato selectivo de autoridades civiles y militares y el sistemático estallido de «coches  bomba» en las calles céntricas de la capital peruana. La lucha armada que inició el Partido Comunista del Perú, el  17 de mayo de 1980, tuvo como principal e inicial teatro de operaciones el trapecio andino, donde centenares de campesinos
fueron víctimas de una prédica violentista que Guzmán alentó entre sus seguidores.
Poco a poco la lucha armada se extendió en varias ciudades del interior del país, especialmente en lugares de mayor pobreza endémica, lo que generó una gran migración de regiones andinas hacia la costa del país. La captura de Guzmán también se produjo en circunstancias que el entonces presidente Fujimori endurecía su régimen tras el golpe de estado el cinco de abril de 1992, que protagonizó con el apoyo de un sector importante de las Fuerzas Armadas.

La lucha armada que desató Sendero Luminoso y la «antisubversiva» para combatirlo dejó un saldo de al menos 69.000 muertos, miles de heridos y desplazados, cerca de 9.000 desaparecidos y daños materiales superiores a los 30.000
millones de dólares, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presentado hace nueve años. Veinte años después de la caída de Guzmán, su compañera y lugarteniente, Elena Iparraguirre, y muchos de los  dirigentes de su grupo ilegal, remanentes senderistas siguen operando, junto a narcotraficantes, sobretodo en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una zona considerada roja por la policía. Ahí, una zona de extrema pobreza, patrullan fuerzas combinadas del Ejército y de la Policía para identificar a los subversivos, quienes los emboscan y asesinan en zonas de geografía de difícil acceso. Estando en prisión, Guzmán e Iparraguirre se casaron. Para ellos, el Movimiento por los derechos fundamentales (Modadef) -señalado como grupo de fachada del senderismo- realiza esfuerzos intensos para lograr su excarcelación.