Lima, 13 jul (EFE).- El expresidente peruano Alan García aseguró hoy que los indultos y conmutaciones de penas que realizó a narcotraficantes durante su segundo mandato (2006-2011), conocidos como «narcoindultos», fueron «absolutamente legales».
García señaló al sitio web politico.pe que está a favor de condenar a las catorce personas actualmente enjuiciadas por el caso de los «narcoindultos» si se demuestra su culpabilidad al recibir sobornos para conmutar penas.
El expresidente afirmó que «la responsabilidad penal es individual» y que en su momento no podía anticiparse a que un funcionario recibiera «5.000 dólares por falsear un documento o para que el expediente de la conmutación salga primero que otros».
«Ninguno de los indultos fue ilegal. La ley faculta al presidente a dar una segunda oportunidad a los ciudadanos, como lo hizo Barack Obama», dijo García en referencia a las conmutaciones realizadas en julio por el presidente estadounidense a 46 presos por delitos no violentos y relacionados con la posesión o distribución de drogas.
García aseguró que no considera como un error político los indultos y las conmutaciones de su segundo mandato porque a su juicio prima «el derecho de esas miles de personas a vivir con su familia y rehacer su vida».
El Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó la pasada semana a Henry Cutipa a 9 años y 5 meses de prisión, además de cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por los delitos cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado y la sociedad.
Cutipa ejercía de nexo entre los reclusos y los integrantes de la comisión de gracias presidenciales del Ministerio de Justicia.
La Fiscalía pide entre 3 y 17 años de prisión para los otros acusados en el juicio, entre los que figuran los responsables de la comisión de gracias presidenciales como su expresidente Facundo Chinguel, la exsecretaria Noelia Gómez y los trabajadores Manuel Carrera, Dámaso Luyo, Freddy Vilela, Fabiola Ojeda y Jaime Acevedo.
También son enjuiciados el exfuncionario José Marruffo y los exdelegados de los presos del penal de Lurigancho Carlos Butrón, Rafael Agurto y Bernardina Niquén.
El juicio se celebra después de que una comisión del Congreso que investigó las denuncias de presuntas irregularidades cometidas durante el segundo Gobierno de García, determinara el año pasado que entre 2006 y 2011 se otorgaron más de 3.000 conmutaciones de penas a narcotraficantes.
Esa comisión también indicó que se conmutaron las penas de 1.628 condenados por delitos de robo agravado y de 180 por hurto agravado.
La comisión recomendó denunciar penalmente a los funcionarios implicados en estos casos y acusar constitucionalmente a García por haber otorgado indultos y gracias presidenciales a condenados por tráfico de drogas.
Sin embargo, un tribunal ordenó la anulación de esa investigación legislativa con el argumento de que no se había respetado el debido proceso a Alan García, quien niega haber cometido alguna irregularidad durante la firma de los indultos ya que, según indica, solo se basaba en los informes de los expertos.