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Por Juanjo FERNÁNDEZ, para SudAméricaHoy
(texto y fotos)
El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, vino a Lima para presentar la primera gran campaña de AI que solicita al Presidente de Perú que “diseñe e implemente urgentemente una respuesta sanitaria de emergencia adecuada y coordinada para atender a los efectos de la exposición a metales pesados y otras sustancias químicas en Cuninico y Espinar y determine y erradique las fuentes de contaminación que afectan a las comunidades”.
“Cuando yo era niña en mi comunidad vivíamos tranquilos, contentos, brincando junto con las mariposas lleno de flores y no nos faltaba nada. Teníamos nuestros animales, mi padre, mi madre tenían doscientas ovejas, tenían veinte cabezas de vacuno, alpaca, burro, caballo, como todos. Y nuestra agua, nuestras ranas, nuestras truchas, nuestros pescados, todo teníamos. Nuestra medicina natural, nuestras papas, nuestra quinua. Hoy en día, desde que ha iniciado el asiento minero Tintaya todo ha cambiado. Ahora somos pobres, la comunidad ya no tiene agua, ya no tiene terreno sano, ya no tiene aire limpio, todo es contaminado” Son las palabras de Melchora Surco de la comunidad de Alto Huancaney en el distrito de Espinar (Cuzco) ante el Secretario General de Amnistía Internacional Salil Shetty.
Coincidiendo con la fecha en la que hace diez años, el 13 de septiembre de 2007, se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Amnistía Internacional presentó por la mañana ante la prensa y por la tarde ante el público la campaña y el informe en el que su equipo ha estado trabajando desde febrero de este año. Al Secretario de AI le acompañaron en ambas ocasiones Erika Rosas, directora para las Américas de AI, María José Veramendi, investigadora para Sudamérica de la organización y líderes y pobladores de las dos comunidades que no son sino dos ejemplos de una realidad tristemente extendida por todo el país.
El informe puede encontrarse íntegro en la web www.estadotoxico.pe y ha sido realizado entre febrero y agosto de este año. Durante estos meses el equipo investigador ha visitado las comunidades de Cuninico en la Amazonía Peruana y Alto Huarca, Cala Cala, Huisa, Huisa Collana, Alto Huancané y Bajo Huancané en la sierra andina. En todas ellas ha realizado entrevistas individuales y a grupos, también ha mantenido reuniones con expertos médicos y representantes de instituciones del gobierno. Tras la exposición de los diversos testimonios e información disponible el informe alcanza una serie de conclusiones y recomendaciones dirigidas a todas las autoridades competentes, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pueden resumirse en tres: determinar y arreglar la causa, proveer inmediatamente agua apta para el consumo humano a todas las comunidades mientras se arregla el problema y unir fuerzas y voluntades para alcanzar una solución definitiva. Para ello ha iniciado como primera medida una petición de firmas a nivel global y espera reunirse con el Presidente del Consejo de Ministros próximamente.
Los datos y cifras recogidos en el informe describen una realidad compartida por muchas otras comunidades cercanas a zonas de actividades extractivas: la presencia en el agua que consume la población de metales pesados y otras sustancias químicas que afectan a la salud de dicha población como evidencian los análisis de sangre realizados entre la misma. A la gravedad de esta situación se suma la falta de información y opacidad en muchos de los estudios realizados, la ausencia de recursos sanitarios, tanto básicos como especializados, y el incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre las comunidades y los diferentes gobiernos nacionales y regionales. “La tragedia, afirma Salil Shetty, es que no hay desacuerdo con el Gobierno. El Gobierno comparte que el agua está contaminada y que hay una crisis de salud […] tenemos un montón de palabras del Gobierno, de promesas, pero no se hace nada. Ahí tenemos que el Gobierno y el Estado peruano está en una violación de sus obligaciones nacionales e internacionales respecto a los derechos de salud y agua de estas comunidades”.
Para entender la frialdad de los datos la presencia de los líderes y pobladores de las comunidades ha puesto rostro, acento y lágrimas que no necesitan más que ser entrecomilladas en el texto. Melchora Surco es la presidenta de la Asociación para la Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería de Espinar: “Yo tengo varios niños en mi comunidad con retardo mental, malformaciones, igual que los animales, los animales también nacen sin boca, sin ano, así nacen los animales. Ya no tenemos ovino, ya no tenemos chacra, solamente la gente estamos viviendo agonizando con tres cuatro vacas”.
Galo Vásquez Silva es el Presidente de la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón. Durante el derrame de 2014 era el Apu de Cuninico y tras los trabajos de limpieza vio junto a sus vecinos que el agua y el pescado seguían contaminados. Además de las consecuencias sobre la salud la economía de toda la población también ha sufrido su práctica desaparición: “En 2005 nos organizamos como comunidad para proteger nuestros recursos naturales y en junio de 2014 todo se ha destruido. Nosotros éramos exportadores de pescado, abastecíamos a las comunidades aledañas, a Iquitos, Yurimaguas, Tarapoto, pero ahora ya no podemos, tenemos que ir cada vez más lejos para conseguir un pescado que tenemos miedo nosotros mismos de comer”.
El impacto sobre la salud de los moradores de ambas comunidades son difíciles de determinar debido a la falta de diagnósticos y estudios continuados sobre las mismas. Melchora explica lo que saben con la voz quebrada por el llanto, “ahora tenemos los resultados de los análisis, son de 180 personas. También tengo mis análisis y de mi nieto. Tenía 7 años cuando se los hicieron en 2013. Cuando se enteró que tenía los 17 metales estaba contento, feliz, decía “mama, cuando sea grande voy a vender mis metales y voy a ser rico mama”. Pero la ministra de salud vino a Espinar y dijo “no hay plata para ustedes”. Es mentira, nosotros sí tenemos plata, nosotros tenemos oro. Oros están sacando, pero no publican, tenemos cobre, sin embargo no hay plata para nosotros ¿Qué piensa el Estado peruano?”
Por su parte Galo, que es promotor de salud en su comunidad explica “con los pocos conocimientos que tengo ya no es suficiente para atender el impacto de salud en mi comunidad. Ancianos, niños, mujeres gestantes, todos toman por necesidad agua contaminada, se bañan en esa agua y a los diez minutos les sale la alergia. A las mujeres gestantes sus hijos se les caen. ¿Qué voy a hacer en esa condición que se presenta la comunidad?”
Las palabras del Secretario General de Amnistía al cerrar el encuentro son firmes: “Ha llegado el tiempo de dejar de hablar y actuar. Sólo pararemos hasta que el problema se soluciones. Hoy no es el final, es el principio”.