Lima, 16 nov (EFE).- El Ministerio del Interior de Perú, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) suscribieron hoy un memorándum de entendimiento en materia de uso de la fuerza y conflictos sociales.
Un comunicado del Ministerio del Interior señaló que el objetivo de este acuerdo «es consolidar una relación de cooperación y asistencia técnica que contribuya a promover la plena vigencia de los derechos humanos» en Perú.
El documento fue firmado por el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe; la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y Representante del PNUD en Perú, María del Carmen Sacasa, y el representante regional de Acnudh, Amerigo Incalcaterra.
Los firmantes se proponen «diseñar, planificar, ejecutar y evaluar una serie de actividades que contribuyan a fortalecer el cumplimiento de obligaciones y estándares internacionales de derechos humanos en materia de uso de la fuerza y conflictos sociales».
Además, apoyar el diseño e implementación de políticas públicas, estrategias y acciones para la prevención y gestión de los procesos de conflictividad social en el marco de las obligaciones derivadas de los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Pérez Guadalupe señaló que este memorándum ayudará a implementar la nueva Ley sobre el Uso de la Fuerza por parte de la Policía Nacional de Perú.
«Y una implementación implica que todo este cuerpo normativo que ya existía en algunas directivas, en algunos manuales de la Policía, debemos hacerlo operativo, e incluirlo en el plan de estudios de las Escuelas de la Policía», indicó.
Incalcaterra afirmó, por su parte, que su organización apoyó al Estado peruano en la elaboración de la nueva ley y dijo que lo hará también en su reglamentación.
«Eso lo vamos a hacer a través de asesoría para que se pueda avanzar rápidamente en una reglamentación lo más acorde posible con lo establecido en la ley», aseguró.
Sacasa dijo, a su turno, que el PNUD colaborará con un enfoque que proteja los derechos a una vida digna ya que, remarcó, «la integridad física y material es la base de la seguridad ciudadana, que es un bien público al cual todas las personas deben tener acceso».
El Ejecutivo peruano promulgó en agosto pasado la ley que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional «consciente de la necesidad de integrar estándares internacionales en materia de derechos humanos en la normativa, doctrina, sistema educativo y entrenamiento policial», señaló la nota de Interior.