Lima, 16 nov (EFE).- Una comisión del Congreso de Perú que investigó la influencia del narcotráfico en la política del país propuso hoy que los sentenciados por casos graves de este delito no puedan ser indultados, informó el legislativo en un comunicado.
La comisión, que presidió la legisladora opositora Rosa Mavila, aprobó hoy un informe final que contiene 19 conclusiones, 30 recomendaciones y la propuesta de 27 proyectos de ley.
El grupo de trabajo planteó una reforma constitucional para que se limite la concesión de la gracia presidencial, a fin de que los gobernantes no puedan conceder indultos ni conmutaciones a sentenciados por casos graves de narcotráfico.
Mavila aseguró que esta propuesta se aprobó «después de un exhaustivo análisis» de la forma en que se han otorgado estos indultos en los últimos años y precisó que los sentenciados por narcotráfico solo podrán ser indultados por su estado de salud y como un acto humanitario.
El expresidente Alan García (2006-2011) concedió durante su segundo Gobierno miles de indultos y gracias presidenciales a condenados por diversos delitos, entre ellos a cientos de sentenciados por narcotráfico, según determinó el año pasado una comisión del Congreso.
El Poder Judicial ha abierto un juicio oral contra los funcionarios que integraron la comisión que estudió y propuso los indultos, incluido su presidente, Facundo Chinguel, mientras que García, que no está incluido en este proceso, defiende la legalidad de la gracia presidencial.
Mavila agregó hoy que la comisión también propuso la conveniencia de implementar un sistema de alto nivel encargado de aplicar una política integral de lucha contra el narcotráfico, que deberá ser coordinada por la agencia estatal antidrogas Devida, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y organismos estatales y policiales.
Se determinó, además, el establecimiento de una Ventanilla Única de Aportantes que registrará a todas las personas o instituciones que colaboran con las agrupaciones políticas en las campañas electorales con el fin de determinar la transparencia de las aportaciones.
Mavila consideró «de gran importancia» la conclusión de que se ha detectado una concentración, sucesión y compra de tierras y denuncios mineros, operaciones que servirían para el lavado de activos en diferentes zonas del país.
La comisión también propuso que se ejecute un control más estricto en las fronteras del país, especialmente con Brasil y Bolivia, por donde se trafica con intensidad la droga.
Asimismo, recomendó la formación de una comisión investigadora para determinar el grado de influencia del narcotráfico en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
«Es necesario tener en cuenta que muchos oficiales, subalternos y otros miembros han sido detenidos por estar involucrados en narcotráfico», señaló la legisladora.
Mavila dijo que el grupo legislativo desarrolló su trabajo durante ocho meses y que su informe final deberá ser debatido el próximo mes por el pleno del Congreso, además de ser enviado a la Fiscalía para que sirva como una fuente de investigación.