Por Juanjo FERNÁNDEZ, para SudamericaHoy
Martín Vizcarra, presidente de la República del Perú, anunció su disposición de aplicar el artículo 70 de la Constitución a las empresas privadas del sector de la salud. Éste habilita al Gobierno a privar de la propiedad por causa de seguridad nacional o necesidad pública durante la permanencia de la amenaza del covid 19 a la población. Este cambio de actitud del Gobierno frente a la gestión privada se da tras conocerse casos de precios desorbitados tanto en el tratamiento de la enfermedad como en la comercialización de oxígeno clínico.

Jorge Luis Vidal Trujillo fue el tercer caso con coronavirus en Perú. Aún faltaban cuatro días para que el Gobierno peruano decretara el Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 cuando Jorge Luis acudió a la Clínica San Pablo Surco con síntomas ligeros de fiebre. Al saber la gravedad de su dolencia solicitó el traslado a un centro público de EsSalud que se negó a recibirlo ante la falta de protocolos desarrollados para el tratamiento de la enfermedad. Ahora, tras 85 días de internamiento en los que paso por la UCI se enfrenta a una factura de S/329,751.05 soles (más de 90,000 dólares) después de haber agotado la cobertura de su seguro privado y adelantado S/50,000 soles (14,000 dólares).

Su caso pone rostro al problema en las relaciones entre el Estado peruano y las empresas privadas de salud. El Ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, señaló al respecto en un encuentro con la Asociación de la Prensa Extranjera en Perú (APEP) el pasado 16  de junio que “la interpretación privilegiada de la Constitución estipula que nosotros no podemos hacer el control de precios de prácticamente ningún producto que existe en el mercado”. Desde dicha fecha la propagación pública de denuncias como la de Jorge Luis y el conocimiento de los detalles de dichos casos ha sentado en la mesa a Gobierno y la  Asociación de Clínicas Particulares (ACP) que sin embargo no han llegado a un acercamiento en la valoración de las tarifas, que el doctor Carlos Joo Luck describía como un precio oferta a la mitad del valor medio de la estadía de un paciente en un servicio de cuidados intensivos.

“Hicimos un paquete de 97 mil soles. ¿Qué significaba un paquete? El promedio de estadía de un paciente COVID en UCI es de 21 días […] Si bien 8 mil soles es el costo promedio para nosotros los privados, 8 mil por 21 días de atención son 168 mil. Pero no acordamos eso. Acordamos 97 mil soles. Si usted divide 97 mil entre 21 días, estamos hablando de 4, 620 soles por día.” Declaró el portavoz de la Clínicas Privadas tras el primer encuentro para justificar la falta de acuerdo. Martín Vizcarra fue firme en su respuesta durante el habitual encuentro televisivo de los miércoles coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros. “Nos indigna el afán de lucro de las clínicas privadas” tras lo que dio un plazo de 48 horas para alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes tras el cual se aplicará el artículo 70 de la Constitución.

El suministro de oxígeno medicinal ha sido otra espada de Damocles sobre la cabeza del Estado. Las regiones y áreas urbanas más afectadas han ido viendo como acceder a la diferencia entre vivir o morir multiplicaba su precio diez veces o más sin control alguno por parte de ninguna administración. Hasta que el escándalo no llegó a Lima no se anunciaron medidas de control y la atención por parte de los medios de comunicación descubrió que el mercado de oxígeno en Perú está concentrado en dos empresas, Air Products y Linde, y que ambas arrastran sanciones millonarias al Estado por pactar los precios.

El propio presidente explicó en el balance tras cien días de estado de emergencia como la legislación en Perú que impone que el oxígeno medicinal tenga un 99% de pureza cuando con un 93% es efectivo se debe a una legislación favorecedora de los intereses de las grandes empresas frente a sus competidoras más pequeñas. Además ha señalado que la enfermedad ha dejado al descubierto las enormes fallas estructurales que arrastra el país. Estas deficiencias se dan tanto en infraestructuras como en personal, estimándose un déficit de 25,000 profesionales en el área de la salud.

En estos cien días tras  el pronunciamiento del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM del 15 de marzo que ordenaba el confinamiento en casa y la restricción de movimiento de todos los peruanos los resultados pueden considerarse desalentadores. Perú ocupa el sexto puesto mundial con 264,689 casos confirmados tras países como Estados Unidos o India que superan en mucho los 32 millones de población peruana. El sector privado en este tiempo ha tenido que responder también ante las investigaciones de la Controlaría que descubrió que 18 clínicas privadas, entre las que también se encontaba la Clínica San Pablo, cobraban a sus pacientes por pruebas moleculares de COVID-19, que son procesadas por el Instituto Nacional de Salud (INS) sin ningún costo.

El caso de Jorge Luis Vidal ha sido uno de los primeros casos de covid en Perú y también en las consecuencias económicas por afrontarla, un caso al que empiezan a seguir nuevos nombres en medios de comunicación y redes sociales. Tania Rodas, congresista por región de La Libertad  por APP (Alianza Por el Progreso) preguntaba ante la Comisión especial de seguimiento a emergencia y gestión de riesgos de desastres COVID 19 en la mañana del 23 de junio como era posible que la población se enfrentara a la exigencia de firma de compromisos de pago entre 50,000 y 600,000 soles para conseguir una cama en las clínicas privadas.

El detalle de la factura del Jorge Luis descubre que si bien los precios por habitación y UCI son S/528,6 (150$) y S/1031,25 respectivamente la cuantía de los gastos de farmacia de piso se elevan a S/266,213.47 a los (294$) tras haberse aplicado un descuento de S/93,174.77 (26,590 $) a los que se suman S/15,494 (26,590 $) de laboratorio clínico. Al cierre de este artículo ha sido enviado correo electrónico para aclarar los detalles de estos gastos por indicación de ni Gina Carrillo, responsable comercial y de comunicaciones, sin que hasta el momento se haya recibido la respuesta.