Uno de los trabajadores limpia el crudo vertido en Monterrico

Por Juanjo FERNÁNDEZ (texto y fotos)

La selva peruana está en estado de emergencia. La causa es el petróleo que corre por sus entrañas que a su vez, también está en estado de emergencia por los atentados a las petroleras. Su población lleva más de dos meses levantada exigiendo soluciones a una situación causada por los efectos de los derrames en el Oleoducto NorPeruano, más de 190 en los últimos 20 años y 10 en lo que va de 2016.

El pasado día 29 de octubre el gobierno peruano declaró, mediante un decreto supremo, el estado de emergencia por sesenta días en Urarinas y Parinari, dos de los distritos de la provincia de Loreto más afectados por los últimos derrames de petróleo. Cuatro días después, el 2 de noviembre fue la empresa estatal Petroperú la que se declaró en estado de emergencia tras el derrame producido en la Comunidad Nativa Naranjal, contabilizado en la nota de prensa que explica la declaratoria como el “octavo atentado realizado por terceros en lo que va de año”.

El agua, fuente de vida a la vera del río, El temor a que esté contaminada condiciona la existencia.

Este vertido de petróleo, sin embargo, no ha sido el último. El sábado 12 de noviembre la empresa estatal informó en su web la detección de una nueva fuga. En la misma nota de prensa recuerda que ha sufrido “ocho cortes del ducto producidos por acción de terceros” e insta a las personas que están causando dichas roturas a que cesen en su práctica. Asimismo, menciona la posibilidad de que quienes cometan daños en infraestructuras energéticas sean sancionados con hasta seis años de prisión, una potestad que contempla un decreto legislativo publicado el domingo 6 de noviembre. Dos días antes de este último derrame el Pleno del Congreso aprobó una comisión investigadora por unanimidad que establezca las responsabilidades en personas y entidades públicas y privadas y determine el impacto ambiental que el petróleo derramado ha ocasionado.

Todas estos decretos, declaraciones y comisiones son para los pobladores de estas regiones la auténtica selva burocrática. Lejos de dar solución a sus problemas no hacen más que enmarañarlos. Su desesperación les ha empujado a iniciar el pasado 1 de septiembre una lucha consistente en obstaculizar el paso de embarcaciones fluviales en el río Marañón, a la altura de Saramurillo. Allí está establecida la comunidad más cercana a la Estación 1 de Petroperú, apoyada por nativos de más de cincuenta comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón .

Uno de los «soldados» que mantiene el paro en la comunidad de Saramurillo,

Sus reivindicaciones proponen poner remedio ambiental a las zonas afectadas por los derrames, la renovación del oleoducto NorPeruano y a recibir una compensación económica por el paso de éste por sus tierras que se traduzca en inversiones y mejoramiento de su nivel de vida. La población carece de las más básicas infraestructuras y servicios en sanidad, educación y saneamiento.

El paro de Saramurillo ha visto ya en sus más de ochenta días un primer intento de diálogo con representantes gubernamentales que terminó con la expulsión de Jorge Villacorta, uno de los asesores del presidente Pedro Pablo Kuczynski, por sus formas y aun así acabó en la firma de un compromiso de nuevas conversaciones. Éstas aún no se han concretado. Al pronunciamiento del pasado 10 de noviembre en el que se proponía una hoja de ruta para el dialogo y solución definitiva, que pasaba por la participación de los ministros competentes y la corroboración final del premier Fernando Zavala allí, en Saramurillo, se ha sumado un nuevo acuerdo asambleario firmado por los representantes de las siete federaciones que “aceptan las gestiones que ha desplegado el Señor Ministro de defensa, Mariano González” y solicitan que sean recibidos en Lima para “dialogar sobre sus demandas y alcanzar un acuerdo”.

Detectan cadmio y plomo, en los análisis de sangre de la población de Cuninico.

La realidad a la que se enfrentan a diario los pobladores de las comunidades afectadas podría explicarse mediante el ejemplo de Cuninico, una comunidad nativa situada a ocho horas en lancha rápida desde Nauta, que a su vez está a dos horas por carretera de Iquitos, y que sufrió un derrame de más de 2.000 barriles de crudo en junio de 2014. Desde entonces la pesca ha desaparecido de sus aguas y sus moradores desconfían del consumo de éstas ya que en este tiempo se han incrementado los casos de afecciones en la piel, cólicos y diarreas, dolores de cabeza, etc. Además, los niños presentan serias dificultades para progresar en sus estudio, “lo que hoy aprenden mañana lo han olvidado, los análisis que les han hecho presentan elevados índices de cadmio y plomo en la sangre”, explica Luz Marina Izquierdo, profesora del nivel primario.

La ausencia en el pueblo de una posta médica hace imposible un seguimiento y estudio clínico de estas dolencias. La comunidad tampoco tiene luz eléctrica, ni ningún tipo de sistema potabilizador de agua ni saneamiento en los hogares de las 130 familias que la habitan. En octubre una lancha dejó las piezas para montar un módulo de salud, igual que en las comunidades de Saramurillo y Nueva Alianza, otra comunidad afectada por dos derrames este año. Sin embargo, los módulos siguen en el mismo lugar donde los dejaron.

La religiosa Nancy Rocca, que ha denunciado el hecho afirma que funcionarios del Gobierno regional de Loreto han señalado que ningún médico ni personal sanitario quiere ir a la zona.

Por debajo de toda esta problemática concreta subyace una mucho más profunda y que Elsa Galarza Contreras, Ministra del Ambiente, señaló en su encuentro con los medios de prensa extranjera acreditados en Perú: la ausencia de Estado para proveer los servicios básicos de agua, salud y educación. La ministra anunció en el mismo encuentro los esfuerzos que se están haciendo en una primera etapa de aproximación a la implementación de soluciones a las carencias de servicios, y que ya se piensa en una segunda etapa buscar las actividades que puedan proporcionar a las comunidades empleos y desarrollo en forma de acciones sostenibles dentro del bosque, que es el ecosistema de estas regiones.

La ausencia del Estado es la mayor de las reclamaciones en Saramurillo, que ven con temor cómo pasan los días sin concretarse una salida al conflicto mientras el invierno toca a la puerta en forma de lluvias torrenciales. Su miedo es que éstas muevan el petróleo a lo largo del río envenenando sus aguas. Las mismas que beben, en las que viven los peces que comen, las que riegan sus chacras, con las que se bañan y lavan sus ropas… Aguas vivas en un movimiento continuo de crecientes y decrecientes y que los pobladores de sus riberas reivindican como territorio, y no sólo como vía fluvial.

Un grupo de niños se baña en la quebrada Patayacu junto a la comunidad de Monterrico.

Luz Marina izquierdo, profesora de nivel primario en Cuninico, donde la comunidad está afectada por un derrame de petróleo en junio de 2104.  Como consecuencia los chicos sufren secuelas.

Los continuos derrames de petróleo del Oleoducto NorPeruanao, en la selva peruana de la provincia de Loreto, ha desatado la emergencia medioambiental en toda la zona.

Una grapa tapona provisionalmente parte del tramo del oleoducto NorPeruano que ha sufrido una rotura.

Embarcaciones de petróleo detenidas en Saramurillo por la protesta que mantienen los nativos de la región contra los continuos derrames de petróleo .

Apus firman uno de los acuerdo adoptado en la asamblea de Saramurillo. A la protesta de esta localidad del río Marañón se sumaron más de cincuenta comunidades.