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Por Juanjo FERNÁNDEZ para SudAméricaHoy

(Texto y fotos)

El cogotero no creía a José cuando le decía que no tenía teléfono. Apenas unos metros antes de llegar a su cuarto le agarraron por detrás y le pusieron un cuchillo en el cuello. Probablemente encontraron a una de las últimas personas en la calle sin móvil en su bolsillo. Hacía cuatro meses que había salido de prisión por transporte de droga tras cumplir íntegra su condena de siete años y un mes y no tenía teléfono. Tampoco llevaba dinero. José no tiene dinero para atracadores ni para poder regresar a España. Aún así sabe que es afortunado, su laberinto es ahora simplemente económico. Otros compatriotas viven además en laberintos judiciales, administrativos o el peor de todos, el de la adicción.

Cuando José salió de Ancón, el último penal en el que estuvo encerrado, funcionarios del INPE le llevaron a las oficinas de Migraciones, atrás parece haber quedado el tiempo en que te dejaban en la puerta sin más. En la sede de Migraciones, en la avenida de España, comenzó a gestionar su salida del país y le ha ido bien, ha conseguido el levantamiento de prohibición de salida del país que pesaba sobre él pero no tiene los medios para pagarse un pasaje y tampoco el permiso para trabajar y conseguirlos.

Su caso no es el más frecuente. Los presos en Perú son condenados a una pena privativa de libertad y a una reparación civil que consiste en una sanción económica que han de abonar para poder cruzar la frontera. Entre la salida de la cárcel y la salida del país, podían mediar años. Las gestiones entre los gobiernos peruano y español se tradujeron en tres vuelos de repatriación de más de 140 españoles, presos y personas en estado de extrema necesidad, entre marzo de 2017 y junio de 2018. A estas gestiones se sumaron los esfuerzos del Consulado español que sirvieron como enlace entre los diferentes juzgados en las que estaban abiertas las causas y los reos para dar solución a sus reparaciones.

Marisol Pérez Tello, ministra de justicia entre julio de 2016 y septiembre de 2017, fue clave en el impulso de estas repatriaciones. Su gestión se caracterizó por un compromiso con las poblaciones vulnerables, y la población reclusa ya estaba presente en su etapa como congresista previa a la de ministra. La situación en las cárceles la describe sin tapujos. «La capacidad de albergue en los penales se ve sobrepasada casi tres veces. La superpoblación carcelaria crece, hay 91.420 personas privadas de libertad en la actualidad y los presupuestos se ajustan a la capacidad nominal -no real- de los centros. En esas partidas se incluyen los destinados a la paila (comida) por lo que, para alimentarse mínimamente, hay que recurrir al mercado interno de la prisión en donde por todo se paga. El sistema de corrupción está bien engrasado y alcanza todos los niveles».

«La administración de salud en el interior de los centros penitenciarios es igualmente deficitaria, continua la ex ministra. Enfermedades como la tuberculosis es difícil de atajar antes de que se propague y el paso de un catarro a una pulmonía y de ésta a neumonía y muerte es algo frecuente«. Entre los más vulnerables dentro de la prisión, añade, «se encuentran los extranjeros, la imposibilidad de contacto con sus familias dificulta al extremo su capacidad de recursos y resociabilización y arroja a muchos de ellos a estados depresivos que acaban en la droga y el alcohol, algo que aunque prohibido, nunca falta en el interior de los pabellones».

Mariángeles sortea la basura en la Avenida de los Héroes. Ha habido cambio en la alcaldía del distrito de San Juan de Miraflores y la nueva alcaldesa se ha encontrado con que hace cuatro meses que no pagan a las empresas recolectoras de basura y ésta se acumula en las calles. Aun así Mariángeles también se sabe afortunada. Ella, no está en la calle. Vive refugiada en casa de Ana a quien conoció en la cárcel de mujeres de Chorrillos. Su caso es de los pocos que no se relaciona con narcotráfico, aunque sí con consumo. Iba tan volada que apenas recuerda cuando sus compañeros de juerga se golpearon con otro coche, a la discusión le siguió la pelea y en la confusión de la pelea uno se llevó el otro coche. Fue identificada por los propietarios del vehículo robado y paso once meses en prisión preventiva acusada de robo agravado. El 25 de mayo fue puesta en libertad por falta de pruebas. La parte denunciante jamás se presentó en las ocho citaciones que les hicieron para testificar en el juicio. Ya se imaginaba en España en el vuelo humanitario del 14 de junio haciendo su arte eólico en la Plaza Mayor con papel higiénico y aire de los respiraderos del parking pero, no. Una semana antes del vuelo fue a recoger su sentencia y le comunicaron que el fiscal había recurrido y el juicio tendría que repetirse. Su laberinto es ahora judicial, esperar nueva sala, encontrar un abogado de oficio que la represente, confiar en una nueva sentencia absolutoria y que llegue a tiempo para aprovechar un nuevo vuelo. No ha vuelto a ver a sus acompañantes en el delito ni ha vuelto a drogarse.

A su salida del penal José estuvo meses alternando su sueño entre diferentes refugios y el aeropuerto. Ha conseguido que le presten un cuarto con un colchón en los Barracones, una zona brava de El Callao, la misma en la que le asaltaron y en la que recientemente dos hombres murieron en un tiroteo. La persona que le deja el cuarto, un empresario hostelero que tiene un par de restaurantes, le da de comer en ellos y alguna que otra propina a cambio de pequeños recados. Las continuas inspecciones en sus locales no le permiten contratar a José porque no tiene permiso de trabajo. En cualquier caso, es mejor que cuando dormía en un escalón en Sarita Colonia. La humedad del suelo traspasaba su colchoneta, en su pabellón, el de mínima seguridad, con una capacidad para trescientos internos, se hacinaban casi mil.

A él, a Mariángeles y otros en su misma situación, les da apoyo la Fundación +34 que es una organización que ofrece ayuda humanitaria y defensa a los presos españoles en el extranjero. No a todos los presos, sólo a aquellos que no están condenados por delitos de sangre, sexuales o terrorismo, aunque sí presta atención a los ciudadanos que sufren desamparo y abandono, la situación de la mayoría de los que salen de prisión tras cumplir su condena y la de algunos otros a los que la fortuna no acompañó en su intento de mejorar su vida en Perú. La fundación no pide perdón para las penas sino que sean cumplidas con unas garantías humanitarias mínimas y que cuando existan convenios sean respetados, como el existente entre Perú y España que data de 1986 y que aunque dejó de aplicarse, o se hizo con cuentagotas, durante la presidencia de Ollanta Humala entre 2011 y 2016, ha servido de base para los recientes vuelos de repatriación ya mencionados.

Raúl Picazzo y Martín Castillo son dos de los diez voluntarios que visitan a los encarcelados en los penales de Lima y también están atentos cuando salen. Las estadísticas hacen ser optimista a Martín que da los datos del cierre de 2018 proporcionados por el Ministerio de Exteriores español que dejan unas cifras alentadoras: de los 2567 presos que cumplían pena en el extranjero en 2012 se ha bajado a 961, 76 de los cuales en Perú, la cifra más baja en los últimos 15 años en los que la media rondaba los 270 presos y un pico máximo en 2015 con 357. La razón de este descenso se encuentra en los vuelos de repatriación.

Raúl no siente el mismo optimismo por las estadísticas. Tiene próximo en su memoria el caso de Enrique, un preso español que cumplía condena en Sarita Colonia y fue trasladado por una embolia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión de El Callao. Recuerda el abandono a Kike por un error de transcripción en su apellido que le dejo sin SIS (Servicio Integral de Salud al que todos los presos tienen derecho) y retraso su tratamiento, o el presunto robo de las medicinas proporcionadas por el Consulado e incluso de la manta que él mismo le llevo. Los recuerdos de Raúl son como pesadillas, su estado de abandono y soledad, sujeto a la cama con grilletes, las manos hinchadas, el desprecio del personal sanitario…. No fue el primer español que salió de una cárcel peruana en un cajón de madera a lo largo de 2018, al menos otros dos compatriotas no pudieron regresar a España, ni presos ni libres.

Marisol Pérez Tello se lamenta de que el indulto al ex presidente Alberto Fujimori, haya puesto bajo sospecha este recurso tan necesario en casos de carácter humanitario. Ahora, indultos, gracias presidenciales y conmutaciones de pena, que podían ayudar a que extranjeros privados de libertad tuvieran una última oportunidad de acabar sus días en su patria, han dejado de otorgarse.

José, Mariángeles y los que siguen dentro conservan la esperanza y no dejan de preguntar a los voluntarios de +34, cuándo será el próximo vuelo de repatriación. Se sabe que habrá más de uno y que el primero está planificado para ir a Santo Domingo y Colombia. La situación de las colombianas es aún más grave por la presencia de niños, hijos de las internas que han parido dentro de las prisiones.

La fecha del siguiente vuelo aún se desconoce pero todos saben que las españolas y españoles necesitan subirse al avió que les lleve de vuelta a casa. Consideran que ya han pagado el precio de sus errores. La ex ministra Pérez Tello describe el escenario final: “Van a regresar a España de todas maneras. Lo importante es que lo hagan sintiendo que la sociedad les ha dado una oportunidad y que tienen que devolver eso con una conducta distinta”.

Todos esperan ahora que el adelanto de las elecciones en España y el cambio de gobierno con Vizcarra en Perú no frustre sus ilusiones.