Lima, 30 jul (EFE).- El expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales Facundo Chinguel «vendió sus atribuciones de recomendar indultos» a procesados por narcotráfico durante el segundo Gobierno del expresidente peruano Alan García (2006-2011), afirmaron hoy fuentes judiciales.
El fiscal Walter Delgado dijo que mientras Chinguel estuvo en el cargo hubo un incremento de conmutaciones de pena, especialmente en casos de narcotráfico agravado vinculado a bandas internacionales, pero que no se trató de una política de deshacinamiento de penales.
Delgado explicó durante la audiencia por el juicio abierto contra 14 implicados en el denominado caso de los «narcoindultos» que Chinguel, que afronta una pena de 17 años de cárcel, creó una serie de roles en la comisión para alterar los expedientes con el objeto de proponer las conmutaciones o excarcelaciones a procesados por narcotráfico.
Asimismo, el fiscal agregó que Chinguel visitaba personalmente las cárceles para «cazar beneficiarios», a raíz de lo cual permitió que varias organizaciones delictivas puedan salir de prisión.
Delgado aseguró que la comisión dirigida por Chinguel se demoraba solo 50 segundos para aprobar las propuestas de indultos y gracias presidenciales (conmutaciones de pena y excarcelaciones).
El juez de investigación preparatoria nacional, Richard Concepción, resolvió en mayo pasado que los 14 implicados afronten un juicio oral por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico en agravio del Estado y la sociedad.
Una comisión del Congreso que investigó las denuncias de presuntas irregularidades cometidas durante el segundo Gobierno de García determinó el año pasado que entre 2006 y 2011 se otorgaron más de 3.000 conmutaciones de penas a narcotraficantes.
Además indicó que se conmutaron las penas de 1.628 condenados por delitos de robo agravado y 180 por hurto agravado.
La comisión recomendó que además de denunciar penalmente a los funcionarios implicados en estos casos, se debía acusar constitucionalmente a García por haber otorgado indultos y gracias presidenciales a condenados por tráfico de drogas.
Sin embargo, un tribunal ordenó la anulación de esa investigación legislativa con el argumento de que no se había respetado el debido proceso a García, quien niega haber cometido alguna irregularidad durante la firma de los indultos ya que, según indica, solo se basaba en los informes de los expertos.