Lima, 24 jul (EFE).- Una fiscal pidió el embargo de los bienes del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) y de varios de sus familiares mientras son investigados por la presunta comisión de un delito de lavado de activos, informó hoy un diario limeño.
El diario Perú21 publicó en exclusiva el escrito de una denuncia presentada este lunes por la fiscal Rosana Villar en un juzgado, con petición de embargo incluida, y el propio Toledo confirmó indirectamente lo publicado al señalar hoy que está «profundamente desilusionado del Ministerio Público».
Villar presentó el lunes pasado una denuncia contra Toledo en la que pidió al 16 Juzgado Penal de Lima el embargo de los bienes del expresidente, su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug.
Los otros acusados en este caso son los peruano-israelíes Josef Maiman, Avraham Dan On y su hijo Shai Dan On, Sabih Saylan y David Eskenazi, exapoderado de Fernenbug.
Toledo y Karp son investigados por las millonarias compras inmobiliarias hechas por Fernenbug, con dinero de Ecoteva, que creó en Costa Rica en sociedad con Maiman.
«Este despacho fiscal solicita ordenar el embargo preventivo sobre los bienes de los denunciados, con la finalidad de asegurarse el respectivo pago de la reparación civil, que podría generarse ante una eventual sentencia condenatoria sobre los imputados», señala el escrito publicado por el rotativo.
En su acusación, la fiscal también solicitó el levantamiento del secreto bancario en Suiza de la empresa panameña Confiado International, ya que supuestamente desde una cuenta bancaria en ese país se envió en 2012 el dinero a la empresa costarricense Ecoteva.
Fernenbug, una ciudadana belga de 86 años, fundó Ecoteva en 2012 y, según un reporte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), con fondos de esa compañía también se pagaron las hipotecas de una casa del expresidente en Lima y de otra en el balneario norteño de Punta Sal.
La fiscal Villar también pidió que se ordene la comparecencia con restricciones para los denunciados, quienes aún deben esperar a que el juez a cargo del caso, Abel Concha, resuelva en un plazo de 30 días si acepta o no abrir el proceso judicial.
Al comentar la denuncia, Toledo aunque enfatizó que está decepcionado, pero es «muy respetuoso» de las decisiones judiciales.
«Debemos ser celosos guardianes de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad de expresión, lo demás está en el Poder Judicial», comentó a los periodistas tras participar en una ceremonia en conmemoración a una marcha de protesta que encabezó hace 15 años contra la segunda reelección del entonces gobernante Alberto Fujimori (1990-2000).
El martes, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, negó que exista una persecución política contra Toledo, tal como éste sugirió a raíz de la denuncia presentada en su contra.
«¿Quién está manipulando a los fiscales? ¿Cuánto les están pagando?», preguntó el exmandatario antes de anunciar que evaluará interponer un recurso de hábeas corpus cuando reciba la notificación formal de la denuncia.
El exmandatario agregó que «se equivocan si creen que con esta maniobra política impedirán la candidatura de (su partido) Perú Posible» en los comicios presidenciales del próximo año.