Lima, 31 jul (EFE).- El Gobierno peruano afirmó hoy que en la ley emitida esta semana que autoriza la geolocalización de llamadas para prevenir los casos de extorsión está «absolutamente garantizada» la reserva de las comunicaciones y aseguró que la iniciativa no viola «ningún precepto de la Constitución».
En declaraciones a la prensa, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Pedro Cateriano, respondió a las críticas surgidas frente al decreto emitido por el Gobierno el pasado lunes, que autoriza la localización y geolocalización de los teléfonos móviles cuyos usuarios incurran en el delito de extorsión.
En ese sentido, Cateriano explicó que el Gobierno no está violando «ningún precepto de la Constitución» porque «la reserva de las comunicaciones, la reserva de la documentación y de los mensajes está absolutamente garantizada».
El jefe del gabinete confió en que «la Policía empleará esta ley respetando el marco constitucional» y que «las empresas que van a prestar este servicio no brindarán este apoyo vulnerando los derechos constitucionales, porque también entrarían en responsabilidad penal».
Cateriano precisó que la localización de las llamadas telefónicas solo será realizada por la Policía Nacional con un permiso judicial.
Según la norma, la Policía hará el pedido de la localización a las empresas operadoras y la autorización será otorgada por un juez en un plazo máximo de 24 horas.
Sin embargo, organizaciones y expertos han pedido una mayor evaluación de la norma por el posible riesgo de violación de la privacidad.
El abogado Miguel Morachimo, de la ONG Hiperderecho, criticó que la ubicación de las comunicaciones sea ahora de libre acceso para la Policía por lo que solicitó su derogación; mientras que el constitucionalista Enrique Bernales opinó que la ley debe ser estudiada con mayor detenimiento porque podría haber abusos del Estado.
El Gobierno peruano promulgó la norma al amparo de las facultades legislativas otorgadas en junio por el Congreso para que durante noventa días apruebe normas en materia del fortalecimiento de la seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
Respecto a versiones de que esta norma puede facilitar la interceptación de llamadas telefónicas, Cateriano dijo que desde hace mucho tiempo, la Policía participa en este tipo de interceptaciones con la participación de jueces y fiscales y aseguró que no se han registrado denuncias sobre uso político en este Gobierno.
Durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) se denunció la existencia de una empresa formada por exmarinos, Business Track (BTR), que realizaba espionaje telefónico y los responsables fueron condenados a entre dos y siete años de prisión.
La difusión de las grabaciones ilegales permitió en 2008 conocer un caso de presunta corrupción cometida por funcionarios de la estatal Petroperú en la adjudicación de cinco lotes para la exploración petrolera a Discover Petroleum.
El escándalo, conocido como el de los «petroaudios», provocó la renuncia del entonces gabinete presidido por Jorge del Castillo y el exmandatario García fue citado como testigo por la sala que lleva el caso de supuesta corrupción.