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Discurso de Gabriel Boric
Fernando Gimeno
Lima, 6 sep (EFE).- El presidente de Perú, Ollanta Humala, afronta una nueva encrucijada en la que debe decidir si promulga la ley aprobada esta semana por el Congreso para que la empresa estatal Petroperú explote el lote 192, el campo de mayor producción de petróleo del país, o si mantiene su oposición a que la compañía opere esos pozos.
El gobernante evaluará si da su brazo a torcer para no alimentar y recrudecer otro conflicto social más durante su mandato, que en esta ocasión lleva a la región amazónica de Loreto a reclamar al Ejecutivo que cancele el contrato adjudicado en agosto directamente a la canadiense Pacific para que pase a manos de Petroperú.
En caso de no aprobar la norma, las comunidades indígenas que habitan en los diferentes campos petrolíferos de la región de Loreto pueden tomar medidas de fuerza como paralizar los pozos, algo que ya han hecho anteriormente con el consecuente perjuicio para la actividad productiva del país y de las empresas operadoras.
La semana pasada, organizaciones sociales como el Frente de Defensa de Loreto convocaron jornadas de paro en Iquitos, capital de Loreto, con cortes de caminos y disturbios que obligaron a suspender las clases escolares y la actividad comercial.
Humala tiene la potestad de devolver la ley al Congreso, pero lo haría en una posición de debilidad ya que incluso la mayoría de los congresistas de la agrupación oficialista Gana Perú votaron a favor de la entrada de Petroperú en la explotación del lote 192.
La ley salió adelante en medio de las duras advertencias del Ejecutivo, que alertaba del carácter inconstitucional de la medida aprobada por los parlamentarios al conllevar un aumento del gasto público.
El Gobierno fundamenta su oposición en la ley 30130 que obliga a a Petroperú a dar prioridad al proyecto de modernización y ampliación de la refinería de Talara, cuya inversión es de alrededor de 3.500 millones de dólares.
Los congresistas entienden que el lote 192 sería la principal fuente de suministro de crudo de la refinería de Talara y consideran que Petroperú estaría ante una opción interesante de implantar un modelo integral de explotación de hidrocarburos.
De promulgarse la ley, la mayor traba para que Petroperú explote el lote 192 es el contrato temporal que el Gobierno suscribió con Pacific durante dos años, ya que su cancelación puede ser una señal negativa para el clima de inversiones extranjeras en el país, como advirtieron varios ministros.
Los miembros del gabinete de Humala también consideran que el contrato con Pacific cumple la normativa vigente y prefieren esperar al año 2017 para valorar una hipotética entrada de Petroperú en el lote porque estiman que estará en mejores condiciones económicas y financieras.
Aseguran además que los reclamos de las autoridades de Loreto no están motivados por una ideología estatista de la economía sino por la disminución de sus ingresos ante la menor cantidad de regalías que reporta el lote 192, ya que el precio del barril de petróleo cayó alrededor de un 50 por ciento en los últimos meses.
El lote 192, situado en la frontera de Perú con Ecuador, representa el 17 % del total de producción de petróleo del país, con una extracción diaria de unos 11.000 barriles de crudo de alrededor de 16 pozos.