Lima, 7 nov (EFE).- El presidente de Perú, Ollanta Humala, calificó hoy de «inmoral» la campaña de esterilizaciones forzadas masivas que supuestamente se aplicó durante el gobierno del exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000).
«Nosotros como Estado no podemos asumir una política de lucha contra la pobreza quitando la oportunidad a las mujeres más pobres de Perú a que puedan tener hijos. Eso nos parece inmoral», declaró Humala a la cadena estatal TV Perú.
El Gobierno peruano oficializó el viernes, mediante un decreto supremo, la creación de un registro de víctimas de las esterilizaciones forzadas que supuestamente se realizaron durante el régimen de Fujimori.
Humala enfatizó hoy en la necesidad de crear ese registro para identificar a todas las personas que, según remarcó, fueron esterilizadas «a través de engaño».
«Lo que tenemos que hacer hoy día es justamente asumir esa realidad y construir un padrón que nos permita tener registradas a todas las víctimas de esta política de esterilizaciones forzadas engañosas que se hicieron en la década de los noventa», enfatizó.
El gobernante comentó que cálculos de diferentes organizaciones civiles sostienen que el total de personas que fueron sometidas a las esterilizaciones «fluctúa en 300.000».
El decreto publicado el viernes autorizó la creación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el fin de identificar a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aldo Vásquez, aseguró que su cartera «asumirá la defensa jurídica de las víctimas» y garantizará el acceso a justicia en «un tema sensible y largamente esperado».
La primera dama de Perú, Nadine Heredia, también saludó la decisión en un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, en la que afirmó que «termina una larga espera, empieza un tiempo de justicia».
Hasta ahora se desconoce cuántas esterilizaciones se hicieron en total, aunque la Defensoría del Pueblo ha señalado que fueron 272.028 y el Ministerio Público identificó 2.091 presuntas víctimas de esterilizaciones forzadas.
En octubre pasado Amnistía Internacional (AI) solicitó al Estado peruano que elabore un registro único de víctimas, un sistema de reparaciones y agilice las investigaciones para llegar a juicio y evitar que el caso se archive nuevamente.
El caso había sido archivado en mayo de 2009 con el argumento de que no se había encontrado indicios criminales en los investigados, pero en junio de 2013 fue reabierto en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, en enero pasado se archivó nuevamente, pero en mayo el fiscal superior penal Luis Landa revocó esa decisión y la investigación de las esterilizaciones forzadas se encuentra actualmente a cargo de la fiscal supraprovincial de Lima Marcelita Gutiérrez y comprende las denuncias de 2.074 personas.