Lima, 16 nov (EFE).- El presidente de Perú, Ollanta Humala, rechazó la derogatoria por parte del Congreso de una ley que permitía la participación del sector privado en el manejo de bienes patrimoniales e insistió en su vigencia y constitucionalidad, informó hoy el Ministerio de Cultura.
El despacho indicó en un comunicado que la iniciativa, derogada por el Congreso el pasado 22 de octubre, «permite la suscripción de Convenios de Gestión Cultural con el objetivo de proteger y poner en valor los monumentos arqueológicos, en alianza para la cogestión entre el sector público y privado».
Agregó que, ante esto, Humala decidió «dentro del plazo y las facultades» establecidas en el reglamento del Congreso, observar la derogatoria del Decreto Legislativo 1198.
Señaló que, de esa manera, Humala reconoció la «constitucionalidad, potencial y necesidad para proteger y transformar nuestro patrimonio cultural, en alianza con todos los miembros que confirman la Nación Peruana,» que tiene la norma.
El Ministerio de Cultura agregó que «con el único afán de darle viabilidad» a la iniciativa propone que se agregue un párrafo final al artículo 6.1 de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación en el que se precisa que antes de aplicarse el procedimiento se deberá solicitar la opinión favorable de los gobiernos regionales.
«Con esta incorporación, que la sometemos al Congreso de la República, se garantiza que los Convenios de Gestión Cultural únicamente se aplicarán en las regiones de nuestro país que así lo consideren», remarcó.
Al concluir, el ministerio exhortó al Congreso, «a las autoridades y comunidad en general, que consideren esta propuesta como una oportunidad para salvaguardar el patrimonio, en alianza entre todos los niveles de Gobierno y la sociedad civil organizada».
El Congreso de Perú aprobó la derogatoria del decreto tras una huelga de 48 horas en la región sureña del Cuzco, cuyos pobladores protagonizaron multitudinarias manifestaciones de protesta contra el decreto que, según dijeron, implicaba la privatización de los sitios arqueológicos y el patrimonio cultural del país.
La protesta se realizó a pesar de que el Gobierno peruano señaló que la ley no implicaba a los sitios arqueológicos considerados patrimonio de la humanidad, como la famosa ciudadela inca de Machu Picchu.