Por Hugo COYA , para SudAméricaHoy

Los escándalos políticos ocuparán siempre generosos espacios en los medios de comunicación por su valor noticioso, su impacto sobre la opinión pública y ¿Cómo no? porque les permite aumentar su lectoría o rating.

De esta manera, el periodismo se convierte también en un sano supervisor del gobierno y de los políticos, poniéndolos en evidencia cuando no actúan correctamente.

Así la prensa reemplaza a los partidos, el Parlamento, los órganos de control y el Poder Judicial debido a que dichas instituciones, en el Perú, son meros artículos decorativos, cuando se trata de investigar y reprimir la corrupción.

Los periodistas, frecuentemente, reciben denuncias, indagan y divulgan conductas contrarias al interés ciudadano. Pero no todas esas denuncias se transforman en un amenazante escándalo político ya que se requiere de determinados hechos concomitantes, como los que enfrenta, en estos momentos, el gobierno del presidente Ollanta Humala.

Tras su avasalladora derrota que concluyó con la derogatoria de la ley que recortaba derechos laborales a los jóvenes de 18 a 24 años y que provocó que perdiera la mayoría que tenía en el Congreso, el gobierno se ha adentrado en aguas turbulentas, gracias a la multiplicación de denuncias de seguimiento a figuras clave del propio régimen. Su objetivo: encontrarles alguna fechoría para desacreditarlas.

Según esas versiones, el descabellado plan buscaría forzar su salida del gobierno. Si eso fuera cierto, hay funcionarios tan maquiavélicos que, para eliminar a sus adversarios internos, están dispuestos a hundir su propia nave, puesto que con dichas denuncias no solo pierden los denunciados sino el propio gobierno.

Paralelamente, se viene divulgando informes acerca de casos de espionaje a opositores o disidentes gubernamentales.

Vladimiro Montesinos (con gafas) en una ceremonia militar. (Lima, 2009)

Nada nuevo en un país donde los servicios de inteligencia se encuentran siempre bajo sospecha, especialmente desde que el régimen de Alberto Fujimori los usó para perseguir y desacreditar opositores.    

De inmediato, los agraviados, la prensa y los demás opositores condenaron, justificadamente, el espionaje. Esto permitió la formación de este nuevo escándalo que amenaza al gobierno y con ello se evitó – de paso — que los agraviados tuviesen que responder por ciertas conductas, como mínimo, dudosas reflejadas en su seguimiento.

Por ejemplo, el ex Primer Ministro Jorge del Castillo dejo de explicar debidamente acerca de sus subrepticias reuniones con altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas para conseguir la aprobación de un polémico proyecto ambiental.

Tampoco la disidente congresista Natalie Condori tuvo que responder sobre el aparente uso indebido de los vehículos del Parlamento para la realización de actividades personales, como el traslado de familiares.

En este mar turbulento repleto de tiburones, la oposición viene exigiendo cambios en el gabinete ministerial como forma de dar un poco oxígeno a un gobierno que parece ahogarse en las denuncias.