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Discurso de Gabriel Boric
Lima, 31 ago (EFE).- La comunidad indígena de Teoria, en la selva de Perú, se ofreció a acoger a 54 personas, entre ellas 34 niños, que fueron rescatadas a inicios de agosto tras estar varios años cautivas por el grupo terrorista Sendero Luminoso, informó hoy el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Los nativos de etnia asháninka, como algunos de los liberados, cedieron una hectárea de su territorio, ubicado en el distrito de Mazamari, en la región de Junín, un hábitat similar al distrito vecino de Pangoa, donde los rescatados estaban bajo dominio de Sendero.
El Ministerio de Vivienda enviará un técnico a la zona para que realice una evaluación y asesore a la comunidad en la construcción de las viviendas y la cartera de Agricultura evaluará la posibilidad de habilitar granjas de animales menores y tierras para el cultivo que garanticen su subsistencia.
En tanto, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social evaluará a las familias para su afiliación a programas sociales, mientras que la cartera de Poblaciones Vulnerabls realiza el trámite para inscribir los rescatados en el Registro Único de Víctimas del terrorismo.
Las autoridades peruanas estiman que Sendero Luminoso mantiene todavía cautivos y en condiciones de esclavitud a entre 170 y 200 personas, de los que entre 70 y 80 son niños.
Sendero es el causante de la mayoría de los más de 69.000 muertos que dejó el conflicto interno entre el Estado peruano y la organización terrorista desde 1980 hasta 2000, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
El informe señaló que los senderistas son culpables del asesinato de 6.000 asháninkas, además de mantener en condiciones de esclavitud a otros 5.000 miembros de esa etnia y desatar una feroz persecución que obligó a desplazarse forzosamente a entre 30 y 40 comunidades.
Las últimas bases senderistas están escondidas en la espesura de la selva del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una zona extensa y escarpada en continuo «estado de emergencia» por concentrar casi la mitad de los cultivos ilegales de hoja de coca del país, con 18.845 hectáreas a fines de 2014.