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Discurso de Gabriel Boric
Lima, 17 jul (EFE).- La Federación de Comunidades Nativas de la cuenca alta del río Tigre (Feconat), en la selva norte de Perú, expresó hoy su rechazo de prorrogar la presencia de la petrolera argentina Pluspetrol en la Amazonía mediante la cercana licitación del Lote 192, la mayor explotación petrolífera del país.
Feconat, compuesta por indígenas de la etnia kichwa, anunció hoy en un comunicado que ya no aceptará más dentro de sus territorios a la compañía argentina una vez que el 29 de agosto expire su actual contrato explotación del Lote 1AB, que ocupa la misma superficie del ahora llamado Lote 192.
Los nativos del río Tigre anunciaron que próximamente presentarán un reporte elaborado junto al Instituto Chaikuni que recopila las estrategias de la empresa argentina para «evadir sus responsabilidades» en mitigar y remediar los impactos ambientales de su actividad extractiva.
«Pluspetrol se niega a asumir sus responsabilidades ambientales y sociales. Su Plan de Abandono (del Lote 1AB) fue rechazado por el Estado y eso deja grandes incertidumbres sobre la remediación de nuestra Amazonía», explicaron en el comunicado.
Los kichwas del río Tigre explicaron que la actividad de la compañía argentina en la zona afecta a otros tres pueblos indígenas, cuyos indicadores socioeconómicos «muestran que la actividad petrolera tampoco trajo desarrollo».
Los nativos celebrarán entre el 20 y el 22 de julio un diálogo en la ciudad de Iquitos, capital de la región de Loreto, que será valedero para el proceso de consulta previa de pueblos indígenas ante la licitación del Lote 192.
Además de Pluspetrol, la petrolera canadiense Pacific Rubiales y la anglofrancesa Perenco son las otras dos contendientes calificadas para participar en el proceso de licitación, cuya recepción de sobres con las respectivas ofertas fue aplazada el lunes sin fecha definida hasta el momento.
La compañía argentina explota el Lote 1AB desde 2001 con una extracción diaria de unos 11.000 barriles de crudo de alrededor de 16 pozos y periódicamente es acusada por las comunidades indígenas locales de contaminar la zona y de no respetar las compensaciones económicas por el uso de sus tierras.