Por Jorge ELÍAS (El Comercio/El interin)

La demora en el reconocimiento del resultado electoral en el Perú, más allá de lo ajustado que sea, deslegitima el proceso en sí, con más de mil denuncias cruzadas de irregularidades presentadas en su mayoría por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, y en menor medida por Perú Libre, el de Pedro Castillo, virtual ganador del balotaje.

En el manual del mal perdedor figura una palabra clave: fraude.

Esa acusación aplica si el eventual infortunado araña el empate o si la derrota implica vérselas con cargos de corrupción como Fujimori.

Peor aún si alienta disturbios como Donald Trump. Los del Congreso de Estados Unidos dejaron el 6 de enero cinco muertos, un suicidio posterior y varios destrozos. Hubo un impeachment (juicio político) al filo del final de su mandato, el segundo en su caso, del cual resultó absuelto. Un trámite, en realidad.

El Perú arrastra una racha negativa de cuatro presidentes en un quinquenio, con un suicidio en ese período, el del expresidente Alan García, cercado por el virus que contagió a buena parte de América latina, el Lava Jato, originario de Brasil, y una candidata, Fujimori, requerida por la Fiscalía por presunto lavado de dinero en sus campañas anteriores. Estuvo 15 meses en prisión provisional entre 2018 y 2020.

El resultado final de las elecciones del 6 de junio, confirmado nueve días después por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), arroja un 50,125 por ciento para Castillo y un 49,875 para Fujimori, pero falta la última palabra.

El estrecho margen de 44.058 votos da como ganador a Castillo, pero el pataleo de Fujimori demora el desenlace

La única vacuna a mano de Fujimori frente al traspié en las elecciones, “correctas y exitosas” a los ojos de los observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), era ponerlas en duda con sus sospechas de “fraude sistémico”, de modo de no correr la misma suerte que frente a Ollanta Humala en 2011 y a Pedro Pablo Kuczynski en 2016. Esta vez, con la mochila de un juicio pendiente por el cual podría terminar en la cárcel como su padre, Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y 2000.

El estrecho margen de 44.058 votos da como ganador a Castillo, pero, como ocurrió con Trump después de fracasar en su intento de ser reelegido, el pataleo demora el desenlace.

La pulseada seguramente se trasladará al Congreso. Después de las elecciones del 11 de abril, el partido de Castillo logró 30 escaños sobre 130 y el de Fujimori aumentó sus bancas de 14 a 24.

Tanto Humala como Kuczynski, los ganadores anteriores, también debieron esperar para recibir sus credenciales como presidentes electos. En esos procesos no hubo tantas solicitudes de nulidad de mesas de votación como las actuales.

Los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Bolivia, Luis Arce, y de Nicaragua, Daniel Ortega, se precipitaron a felicitar a Castillo, así como los líderes izquierdistas Lula y Evo Morales. Apuro, el de los presidentes, que derivó en notas de protesta de su par del Perú, Francisco Sagasti, porque “los resultados finales de las elecciones generales 2021 aún no han sido anunciados por las autoridades electorales”.

Lógico, más allá del apego de los entusiastas con el maestro de escuela y líder sindical que ocupó dentro su partido el lugar de Vladimir Cerrón, inhabilitado y condenado a tres años y nueve meses de prisión en suspenso por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo cuando era gobernador de Junín.

En las elecciones no triunfa el que se proclama ganador hasta que el vencido depone las armas

Castillo se muestra estatista en lo económico y conservador en lo social, con su rechazo al aborto y el matrimonio igualitario, pero no deja de ser incógnita para los mismos peruanos.

¿Hasta qué punto puede representarlos tanto él como, de haber ganado, Fujimori en un país partido al medio? El dilema no sólo campea en el Perú.

Más de 100 académicos de Estados Unidos piden “cambios radicales” en los “procedimientos de votación” de los Estados gobernados por el Partido Republicano, el de Trump, porque “nuestra democracia está en riesgo».

Los sistemas políticos, agrega el think-tank New America, de Washington, “ya no cumplen con las condiciones mínimas para unas elecciones libres y justas”. Critica a los congresos estatales por abuso de poder al invalidar los resultados electorales con imputaciones no probadas, buscando limitar el acceso a las boletas; dictar sentencias penales y multas destinadas a intimidar y ahuyentar a los trabajadores electorales y administradores no partidistas; restringir procedimientos como el voto anticipado y por correo, y apelar a cualidades como la “pureza” y la “calidad” de los votantes, que se usaron en otro tiempo para coartar el voto negro. Demócrata, habitualmente.

De plantearse esa disyuntiva en el Perú, las zonas rurales y pobres en las cuales Castillo obtuvo más votos que Fujimori quedarían a merced de un juego sucio por el casi empate. La prédica del fraude, frecuente en un mal perdedor como Trump, empaña al futuro gobierno. En las elecciones no triunfa el que se proclama ganador hasta que el vencido depone las armas.

Un gesto que parece tan lejano de Fujimori como la estabilidad en un país agobiado por la corrupción y, más allá de los balances macroeconómicos positivos, por una creciente desigualdad.

Déficits de la democracia, la mejor vacuna contra la autocracia y otros desvaríos.