Montevideo, 8 oct (EFE).- La ratificación por parte de los siete países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que no han suscrito el Estatuto de Roma, que en 1998 supuso la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), es un «desafío», dijo hoy a Efe el secretario de asuntos jurídicos de la OEA.
En el marco de un seminario organizado en Montevideo en el que participan este jueves varios parlamentarios de la región para hablar de la importancia democrática de ese acuerdo, el representante de la OEA, Jean Michel Arrighi, señaló que todavía hay muchos retos por delante en la materia.
En este sentido, el presidente la Cámara de los Diputados de Uruguay, Alejandro Sánchez, apuntó que uno de ellos es la posibilidad de que la CPI tenga potestad para juzgar a empresas trasnacionales en el caso de que violen los derechos humanos.
«Hay un desafío importante (…) en la globalización que vivimos hoy sobre cómo regulamos (…) y juzgamos posibles violaciones de empresas trasnacionales que actúan a lo largo y ancho del mundo y que pueden violar los derechos humanos de las personas», señaló Sánchez.
Sobre ello, destacó el hecho de la existencia de un grupo de trabajo en el seno de la ONU, presidido por Ecuador, en el que se está negociando este aspecto por parte de «varios países latinoamericanos» así como por organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos.
«Yo lo dejaría para otros debates entre los países, es un capítulo abierto, ha habido propuestas en ese sentido, algunas han tenido más o menos elaboración y otras no han prosperado en la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la ONU», opinó acerca del asunto Arrighi.
«Es un tema muy delicado, pero el desarrollo del derecho internacional en esa materia, si uno lo mide con lo que era hace unas décadas, es impresionante, por lo tanto es importante pensar en eso y también en otras cosas, como crímenes contra el medioambiente», agregó.
Además, Arrighi aseguró que otro de los retos en América es que los siete países del continente que no han ratificado el Estatuto de Roma (Bahamas, Cuba, Estados Unidos, El Salvador, Haití, Jamaica y Nicaragua) lo hagan.
Esto serviría para que todas las legislaciones de los países del continente recojan «no solo su vinculación con la CPI, sino los principios de la misma», a fin de evitar las violaciones de los derechos humanos «que se han realizado en todo el mundo».
En la primera sesión del seminario, miembros de Perú, Honduras y Argentina de la organización de Parlamentarios para la Acción Global (PGA por sus siglas en inglés) expusieron el modo en el que las legislaciones de sus países han ido incorporando los conceptos recogidos en el Estatuto de Roma.
El diputado hondureño Jorge Calix explicó a Efe que el pasado 9 de septiembre se presentó en su país un proyecto de ley para establecer mecanismos de cooperación con la CPI y en el cual se aclaran determinados aspectos para la correcta aplicación de los mismos en su legislación.
El político centroamericano ejemplificó esta cuestión al señalar que, entre otros aspectos, se contempla a quién corresponde la captura de una persona perseguida por la CPI que se encuentre en territorio hondureño.
Por su parte, el diputado peruano Juan Carlos Eguren destacó que su país está en un proceso de incorporación del Estatuto de Roma en el sistema jurídico para aplicarlo en la reforma del Código Penal, con lo que Perú se adecuaría «plenamente» a los compromisos internacionales asumidos cuando ratificaron la norma en 2001.
Actualmente, son más de 120 países en todo el mundo los que han suscrito el Estatuto de Roma, en el que se recoge que la CPI tiene competencia para juzgar crímenes de trascendencia para la comunidad internacional vinculados al genocidio, los crímenes de guerra, los de lesa humanidad o de agresión.