Panamá, 7 ago (ACAN-EFE).- El Gobierno panameño oficializó hoy la reglamentación del traspaso de partidas de gastos del presupuesto de la nación para evitar corruptelas, como las investigadas en la compra de alimentos y otros enseres durante el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
El decreto dicta el procedimiento a seguir en el trámite de modificaciones al Presupuesto General del Estado, mediante los traslados de partidas que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá con la Dirección de Presupuesto de la Nación (DIPRENA).
Su propósito es el de subsanar los vacíos existentes en el sistema vigente para identificar debidamente a los funcionarios responsables de autorizar estos trámites.
El ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo que este decreto «establece claramente quiénes son los funcionarios responsables para otorgar la no objeción de cada caso».
A partir de ahora, el Director de Presupuesto de la Nación es quien otorgará la no objeción de los traslados de partidas de hasta 300.000 dólares.
Al viceministro de Economía, por su parte, le corresponderá autorizar aquellos traspasos de hasta 3 millones de dólares y al ministro de Economía y Finanzas los que son superiores a los 3 millones de dólares.
Según estas nuevas normas, las solicitudes de traslados de partidas de gastos emanan de las entidades públicas que deben explicar al MEF las razones que justifican cada trámite.
Dichas solicitudes deberán ser firmadas por el «representante legal» de cada institución.
Una vez que llegan al MEF, las peticiones son gestionadas por la Diprena que es la encargada de revisarlas y verificar la viabilidad de sus trámites, siempre que cumplan con las disposiciones señaladas en las Normas Generales de Administración Presupuestaria vigentes.
Las nuevas normas presupuestarias para traslados de partidas fueron reglamentadas a través del decreto ejecutivo 321 de 13 de julio de 2015, publicado hoy en la Gaceta Oficial del Estado, informó el MEF.
La Fiscalía investiga a altos funcionarios del Gobierno de Martinelli por la compra de alimentos a través del gubernamental Programa de Ayuda Nacional (PAN) con partidas aprobadas por el MEF con montos inferiores a 300.000 dólares, para llegar a un total de 4 millones de dólares para la compra de granos, y supuestamente evadir así la ley de contrataciones públicas.
Entre los investigados por esta práctica está el exministro de Economía Frank De Lima.
De Lima, detenido de manera preventiva desde el 11 de mayo pasado, alegó ante la Fiscalía que no endosó traslado de partida alguna al PAN para la compra de granos.
Según medios locales, la lesión patrimonial al Estado por el caso de dicha compra de granos alcanza los 1,7 millones de dólares. ACAN-