Para los pueblos nativos los ríos son mucho más que un espacio físico

Por Juanjo FERNÁNDEZ, parea SudAméricaHoy

(Texto y fotos)

Las lanzas amenazan con alzarse en la Amazonía peruana una vez más. En esta ocasión son los pobladores de la Comunidad Nativa de Nuevo Andoas apoyados por los indígenas de las cuatros cuencas (Marañón, Pastaza, Tigre y Corrientes) quienes reclaman que se someta a consulta la explotación del lote 192 que se encuentra en su territorio ante una nueva adjudicación. El Ministerio de Energía y Minas ya ha rechazado la petición pero queda escuchar al Ministerio de Cultura, de quien depende el Viceministerio de Interculturalidad, garante de los derechos de los pueblos indígenas.

El compromiso del Gobierno de recibir a la los representantes de las federaciones que representan a parte de las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón para tratar la realización de una consulta previa con los habitantes de las zonas próximas a los lotes 192 y 8, les ha hecho abandonar la ocupación que mantenían del aeródromo del lote 192. La medida también pretendía denunciar públicamente las deficientes condiciones de vida de sus pueblos y la falta de cumplimiento de los diferentes acuerdos alcanzados a lo largo de los últimos años entre el Gobierno Peruano y las comunidades nativas.

La pesca es la base alimentaria y económica de  de las cuencas afectadas por la actividad petrolera.

El lote 192 se encuentra en la selva norte del Perú, en el distrito de Andoas (provincia Datem del Marañón)) y es el más productivo del país. Su explotación ha sido llevada a cabo por tres multinacionales en tres concesiones diferentes: la norteamericana Oxidental Petroleum desde su inicio en los años setenta, la argentina Pluspetrol entre el 2000 y el 2015 y la canadiense Frontera Energy por tan sólo dos años, ampliado hasta 2019 al no poder operar debido al cierre del Oleoducto Norperuano como consecuencia de los numerosos derrames producidos en los tres últimos años. Se espera que a continuación se conceda una nueva licencia por 30 años. Los representantes indígenas reclaman al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que esta nueva licitación sea consultada a sus comunidades, y no que sea contemplada dentro de la consulta que se realizó en 2015 de la que consideran haber sido excluidas.

La producción del lote solía ser de 15.000 a 17.000 barriles diarios entre sus 116 pozos, aunque estas cifras bajaron a más de la mitad debido al cese de actividad del oleoducto. Esta producción supone un 17% del total del país y una aportación importante para las cuentas de la empresa estatal Petroperú y el MINEM para garantizar la millonaria y discutida inversión de la modernización de la refinería de Talara, más de US$ 5.000 millones que dependen de que el país tenga reservas suficientes que permitan el incremento en más del 45% de su producción necesario para garantizar el retorno de la inversión.

Pez muerto, no será el primero ni el último.

Frente a estos cálculos y previsiones económicas los representantes de los nativos contraponen una realidad carente de cifras y llena de frustraciones. Se sienten abandonados y traicionados por el Estado que ha ido incumpliendo sistemáticamente todos sus compromisos y acuerdos. Desde 2012 se han celebrando diferentes negociaciones precedidas de medidas de fuerza que han cristalizado en las actas de Lima (10/03/2015), Teniente López (24/09/2015) y José Olaya (05/11/2017). Estas firmas recogían los compromisos del Estado medioambientales de las áreas de los lotes 192 y 8, un nuevo proceso de consulta previa del primero y la actuación para la mejora de la salud, el agua y el saneamiento, que pasan por un primer conocimiento de su situación. Sin embargo, más de dos años después se desconoce siquiera las cifras de presencia de metales pesados en las aguas y su efecto sobre la salud. Emerson Sandi, presidente de FECONAT, explica como recientemente falleció un familiar suyo tras tres días de cefaleas y dolores estomacales sin conocer la causa, algo que no es infrecuente, pero de lo que no existen estadísticas o estudios debido a la falta de médicos legistas y de análisis, ni del agua, ni del pescado ni de las perrsonas.

De izquierda a derecha: Emerson Sandi, Alfonso López, Aurelio Chino y Carlos Sandi.

Emerson, junto a los otros tres apus representantes de las federaciones que agrupan a las comunidades de las cuencas afectadas, Alfonso López, Aurelio Chino y Carlos Sandi, insisten en las consecuencias de la contaminación sobre sus vidas. Tanto la tierra como las aguas están afectadas por una historia de derrames y malas prácticas en los procesos extractivos y de remediación que arranca en el mismo comienzo de la explotación petrolera hace más de cuarenta años. De esta manera es imposible saber hasta dónde llega la pesca contaminada, un pez afectado puede llegar a aguas en las que se pesca para cubrir los mercados de Nauta o Yurimaguas. Los cultivos también aparecen afectados, ya sean plátanos, papayas o yuca. Otro gran déficit que denuncian los apus es el de la educación. Carlos Sandi expone que la falta de medios en la formación de sus jóvenes tiene como consecuencia la ausencia de técnicos y profesionales titulados tanto en el propio sector docente como en el sanitario, el jurídico, y cualquiera necesario para el desarrollo de sus sociedad, lo que convierte el problema en un círculo vicioso que les hace dependientes de la cooperación internacional ante el desinterés o falta de medios de los organismos oficiales.

La mesa de negociación que se estableció entre los representantes indígenas y el Gobierno se rompió el pasado día 22 al no avanzar en el punto de la consulta previa. Los líderes indígenas han dado un plazo de veinte días al Gobierno, que tras la negativa del MINEN ha de esperar ahora la postura del Ministerio de Cultura, responsable a través de su Viceministerio de Interculturalidad del cumplimiento de los derechos indígenas, antes de volver a convocar a sus bases. El derecho a Consulta Previa está recogido en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales del que Perú es signatario desde 1991.

La Presidenta del Consejo de Ministros Ana Jara junto a los representantes de las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón de la provincia e Loreto improvisan una fotografía de familia. Al acto de la firma acudieron para respaldar a la jefa de Gabinete los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Von Hesse, del Ambiente, Manuel Pulgar, de educación, Jaime Saavedra, así como las ministras de Cultura, Diana Álvarez Calderón, de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, y de Energía y Minas, Rosa María Órtiz.

La Presidenta del Consejo de Ministros Ana Jaro durante el acto de firma del Acta subscrita entre el Gobierno de la República de Perú y los APUS de las Comunidades Nativas de Loreto. El acuerdo implicaba la inversión directa de 50 millones de nuevos soles (en torno a 15 millones de euros) para la recuperación medioambiental de sitios impactados por hidrocarburos.