Lima, 19 dic (EFE).- Un tribunal de honor, integrado por cinco miembros titulares y dos suplentes, supervisará el cumplimiento de los compromisos que firmaron las organizaciones políticas que participarán en la campaña a las elecciones generales que se celebrarán el próximo año en Perú, informaron hoy fuentes oficiales.
El tribunal analizará las eventuales quejas o reclamos electorales ante incumplimientos de los compromisos del Pacto Ético suscrito esta semana por la mayoría de agrupaciones políticas y emitirá pronunciamientos sobre las controversias que surjan entre las organizaciones políticas y candidatos, señaló el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un comunicado.
Sus integrantes fueron elegidos por consenso, y será presidido por el exdecano del Colegio de Abogados de Lima y catedrático de la Facultad de Derecho y de la Maestría de Derecho de la Universidad de Lima, Walter Gutiérrez.
Además, formarán parte del tribunal el poeta y escritor Marco Martos, actual presidente de la Academia Peruana de la Lengua; el filósofo y profesor universitario Salomón Lerner, expresidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR); el abogado y economista Ulises Montoya y el decano de la Facultad de Derecho y profesor principal de la Universidad de Lima, Oswaldo Hunskopf.
La primer y el segundo miembro suplente son la jurista Delia Revoredo y el psicoanalista Max Hernández.
El miércoles pasado, 22 partidos políticos peruanos firmaron el Pacto Ético Electoral propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los comicios generales del 2016, en un acto al que asistieron tres candidatos presidenciales.
Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Kambio y segundo en las encuestas de intención de voto; César Acuña, de Alianza para el Progreso y tercero en los sondeos; y Antero Florez Aráoz, que cuenta con un apoyo minoritario, suscribieron el pacto para garantizar que las elecciones del 10 de abril de 2016 sean limpias y transparentes.
El Pacto Ético Electoral establece que los 22 partidos políticos firmantes deben poner en práctica los valores democráticos durante la campaña electoral y respetar a las organizaciones y candidatos, descartando la violencia y el ataque personal, con el fin de garantizar un clima transparente y democrático.