Lima, 21 oct (EFE).- El abogado Carlos Rivera, que representa a algunas víctimas de las esterilizaciones forzadas realizadas en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), pidió hoy avanzar más rápido para ir a juicio y evitar que la causa sea de nuevo archivada.
En una conferencia de prensa de Amnistía Internacional para reclamar un registro único de víctimas, Rivera aseguró que el exministro de Salud Marino Costa pretende interponer un recurso de amparo con el argumento de que se vulnera su presunción de inocencia por un exceso de años como investigado.
«La jurisprudencia del Tribunal Constitucional da la razón a ese tipo de circunstancias, y si no logramos que el caso pase a juicio de una vez, enfrentaríamos una estrategia por parte de los procesados destinada a cerrar definitivamente la investigación en la Fiscalía», advirtió Rivera, de Instituto de Defensa Legal (IDL).
El abogado sugirió a la Fiscalía escoger un grupo de casos emblemáticos que presenten las pruebas más contundentes para formalizar la denuncia ante el Poder Judicial «y romper así la inercia de una investigación que parece no tener culminación».
El letrado también recomendó ampliar la investigación a más víctimas que no fueron incluidas en el expediente, como la Asociación de Mujeres de Huancabamba, en la región de Piura, fronteriza con Ecuador, que registra más de 200 casos «con suficiencia probatoria» de que fueron esterilizadas sin su consentimiento.
En la conferencia de prensa también participó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, la directora ejecutiva de esa organización en Perú, Marina Navarro, y la presidenta de la Asociación de Mujeres de Huancabamba, Esperanza Huayama.
Las representantes de Amnistía Internacional solicitaron al Estado peruano elaborar un registro único de víctimas y un sistema de reparaciones para conocer el número exacto de personas que fueron esterilizadas sin su consentimiento expreso.
La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías entre 1996 y 2001, pero se desconoce cuántas se ejercieron mediante presuntos engaños y coacciones.
En mayo pasado el fiscal superior penal Luis Landa ordenó revocar una decisión tomada en enero de archivar el caso después de que fuera reabierto en junio de 2013 en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.
El caso había sido archivado en mayo de 2009 con el argumento de que no se había encontrado indicios criminales en los investigados por las irregularidades cometidas durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.