Lima, 10 dic (EFE).- Un grupo de 25 víctimas de esterilizaciones forzadas se reunieron hoy en Lima para pedir al Gobierno peruano justicia y reparaciones por los procedimientos quirúrgicos aplicados sin su consentimiento entre 1995 y 2001, que les generaron daños permanentes en algunos casos.
Las mujeres procedentes de las regiones Piura, Ayacucho, Cuzco y Lima se reunieron para compartir sus casos y articular sus demandas ante el Estado peruano, a iniciativa del Grupo de Reparaciones de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, explicó a Efe la representante del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), Sara Ramírez.
Las víctimas reunidas hoy plantearon la necesidad de una comisión de la verdad, que investigue los casos cometidos durante el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), así como el acceso a la Justicia y a reparaciones integrales.
La portavoz señaló que en el encuentro se abrió un canal de comunicación con el Ministerio de Justicia, dado que contó con la participación de la directora general de Defensa Pública, María de Lourdes Zamudio, quien expuso los alcances de un reciente decreto que autoriza la creación del registro nacional de víctimas de esterilizaciones forzadas.
El Decreto Supremo 006-2015-JUS declaró de interés nacional la atención prioritaria a las víctimas de esterilización forzada producidas entre 1995 y 2001 y creó el registro nacional de víctimas.
Ramírez agregó que «el registro (de víctimas) no reemplaza a una política de reparaciones», que debe incluir una atención en salud especializada, así como el acceso a programas productivos para asegurar la actividad laboral de las víctimas.
Por su parte, Zamudio declaró a Efe que este espacio generado por las organizaciones que han acompañado a las víctimas de esterilizaciones forzadas «es de suma importancia para recoger la información de estas personas» para poder hacer «intervenciones más asertivas y atender de la manera más adecuada sus demandas».
La representante del Ministerio de Justicia explicó que la finalidad del decreto supremo es promover el acceso a la Justicia de las personas afectadas, «a través de la asistencia legal gratuita por parte de los defensores públicos del Ministerio de Justicia, el acompañamiento psicológico y social por parte del Ministerio de la Mujer y la atención de salud integral por parte del Ministerio de Salud».
Zamudio indicó que «si la persona desea contar con la asistencia legal gratuita del Ministerio de Justicia, a través de la defensa pública, vamos a hacer su acompañamiento y patrocinio en el proceso judicial».
«Si el juez en una sentencia declara a esta persona como agraviada en este delito, en ese caso se podrá solicitar la reparación civil», apuntó la funcionaria.
En los próximos días saldrá el cronograma inicial para el registro en Cuzco, Cajamarca y Piura, las regiones donde empezará este proceso, informó Zamudio.
Los requisitos para ser registrada son que la declarante manifieste de manera expresa que el acto de esterilización se produjo entre 1995 y 2001, sin su consentimiento libre e informado.
Además, un documento médico que acredite la realización de una operación de esterilización quirúrgica o también un diagnóstico médico presuntivo que evidencie elementos compatibles con la realización de una esterilización quirúrgica, indicó Zamudio.
La hija del expresidente Fujimori y actual candidata presidencial, Keiko Fujimori, declaró recientemente que le llamaba la atención que se haya «esperado tantos años» para tener un registro de las víctimas de esterilizaciones forzadas, además que se haga en el contexto de las elecciones que se realizarán en 2016, y expresó sus deseos de que se les repare económicamente.