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Discurso de Gabriel Boric
Montevideo, 6 nov (EFE).- La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de Uruguay (CPDC) no descarta iniciar una investigación para determinar si ha habido una colusión en la industria del papel higiénico como la descubierta en Chile, dijo hoy a Efe Javier Gomensoro, integrante del organismo.
El comisionado afirmó que hasta el momento no existe ninguna resolución para realizar una denuncia de oficio a empresas papeleras, si bien en la medida que se puedan corroborar indicadores que permitan sospechar la existencia de un cártel, es posible que la CPDC actúe al respecto.
Hace una semana, la Fiscalía Nacional Económica de Chile (FNE) denunció que las firmas CMPC Tissue y SCA Chile, que representan cerca del 90 % del mercado de ese tipo de papel se pusieron de acuerdo para fijar cuotas de mercado y precios al papel higiénico, toallas, servilletas y otros productos desde 2000 a 2011.
En Uruguay, la chilena CMPC es propietaria de Ipusa, una industria de papel higiénico, servilleta, productos sanitarios, pañales descartables de niños y toallas femeninas, ubicada en Pando, a 30 kilómetros de Montevideo.
Casualmente, la CPDC realizará el 11 de noviembre, en el marco del Día Nacional de la Competencia, un coloquio sobre técnicas de detección e investigación de acuerdos colusorios, con la presencia de altas autoridades de la FNE confirmada desde antes de que el caso cobrara visibilidad, indicó Gomensoro.
El uruguayo afirmó que tuvieron «una primera aproximación» al tema «en las últimas 48 horas» a través de la prensa.
Por ese motivo, desde la CPDC se espera la presencia de representantes de la FNE para intentar «intercambiar» visiones que permitan tener elementos para empezar a estudiar las posibles implicaciones del escándalo chileno en Uruguay.
«Nos parece oportuno aguardar a su llegada e iniciar los pasos de búsqueda», matizó Gomensoro.
Por su parte, Luciana Macedo, igualmente integrante de la CPDC, afirmó a Efe que en el organismo se está «siguiendo» de cerca «el caso de Chile», aunque al momento no se han recibido denuncias, ni existen elementos que permitan que se actúe de oficio.
Ambos comisionados explicaron que el primer paso para suponer la existencia de un acuerdo irregular es iniciar un estudio de mercado.
Si del mismo surgieran indicios de precios elevados, ausencia de opciones para el consumidor y restricción de la oferta, entonces se podría sospechar de la existencia de un cártel.
Sin embargo, estos elementos no son excluyentes de un acuerdo colusorio, ya que pueden responder a otros factores, como por ejemplo, los costos, indicó Gomensoro.
«Si uno parte de un escenario competitivo y atomizado, es difícil verificar (la colusión)», agregó.
A partir de los resultados del estudio de mercado, la CPDC puede iniciar una investigación de oficio en busca de presuntos infractores, y de confirmarse la existencia de colusión, puede imponer una multa de hasta un 10 % de la facturación de la empresa.