Montevideo, 22 sep (EFE).- La plataforma de «Madres y familiares de detenidos desaparecidos» en la dictadura uruguaya entre 1973 y 1985 recibió cerca de 100 llamadas con información acerca del posible paradero de sus allegados tras el inicio de una campaña para pedir ayuda a la ciudadanía, dijeron hoy algunos de sus integrantes.
«Nos hemos sentido alentados y llamamos a la conferencia de prensa porque entendemos que el número de llamadas ha sido muy importante y algunas de las informaciones que han llegado son bastante interesantes», dijo Ignacio Herrandonea, uno de los miembros de la plataforma.
A través de una carta abierta a la población divulgada a comienzos de septiembre, los familiares solicitaron que se les remitiese cualquier información que los ciudadanos pudiesen tener acerca del paradero de sus allegados.
Tras cuarenta años desde el final de la dictadura cívico-militar que se instauró en Uruguay en 1973, la plataforma estima que existen alrededor de 200 personas que fueron detenidas durante la misma y de las que nunca más se supo.
En este sentido, la organización considera que los esfuerzos del Estado para buscarlos no han sido fructíferos y actúan de forma paralela a la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos que lleva a cabo el Gobierno del país suramericano.
«Lo que nosotros pedimos es poder llorar a nuestros desaparecidos. A nuestros hijos e hijas, hermanos, padres, amigos, primos. Se los llevaron hace más de 40 años. ¿No tenemos el elemental derecho de saber su paradero?», reza la carta abierta, divulgada en varios formatos digitales y que hoy volvieron a leer para reiterar la vigencia de su búsqueda.
Sobre las dificultades del proceso de búsqueda, los integrantes de la plataforma destacaron que muchas de las desapariciones se dieron en el exterior, principalmente en países cercanos, como Argentina.
Acerca de las informaciones recibidas hasta el momento, señalaron que todavía tienen que analizarlas todas para verificar la validez de las mismas, dado que varias fueron remitidas de forma anónima, y consideran que «algunas de ellas pueden provenir de militares» debido a su minuciosidad.
En cuanto a los principales lugares donde se sitúan estos aportes, indicaron que en Montevideo es donde se concentra la mayoría de los casos, aunque también hay algunos en otros puntos del interior del país.
Recientemente fueron paralizadas, tras encontrar un artefacto explosivo, unas excavaciones en el denominado ‘batallón 13’, ubicado a las afueras de Montevideo y en el que funcionó un centro de detención clandestino conocido como «300 Carlos», en el cual víctimas de la dictadura reconocieron haber sido torturadas.
En cuanto a la reanudación de las mismas afirmaron que «no depende de ellos» y que está en manos de la Justicia.
Otro integrante de la organización, Javier Tassino, destacó que este es el momento de aportar información para aquellas personas que «por temor» o «porque puedan estar amenazadas» no la hayan facilitado, ya que se conservará la privacidad de su identidad «dé la cara o no dé la cara».
«No recibirá ninguna recompensa, solo saber que ayudó a otros seres humanos, sus vecinos, sus compatriotas. Es su opción: identificarse o no, aporte sus datos, pero hágalo con responsabilidad, no juegue con nuestro dolor y nuestras ausencias», dice la misiva acerca de la necesidad de información veraz para poder continuar la búsqueda.