Montevideo, 28 sep (EFE).- Cinco personas fueron imputadas en Uruguay del delito de atentado agravado por su presunta implicación en los incidentes del 22 de septiembre, durante el desalojo por parte de la Policía de estudiantes que ocuparon la sede del órgano rector de la educación pública, informaron fuentes judiciales.
Tras la petición de la Fiscalía en ese sentido, la jueza del caso dispuso el procesamiento de las cinco personas, a quienes impuso además medidas sustitutivas a la prisión preventiva, que consisten en trabajo comunitario por una duración de 200 horas.
Los hechos ocurrieron cuando la Policía ingresó a la sede del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en Montevideo para desalojar el edificio, ocupado por estudiantes de secundaria que reivindicaban mayor presupuesto para la enseñanza.
El episodio dejó como saldo un total de 12 detenidos, todos mayores de edad, y más de una treintena de heridos, la mayoría policías.
El Ministerio del Interior aseguró que no hubo ninguna confrontación con los estudiantes ocupantes y que no opusieron resistencia al desalojo, sino que fueron diferentes grupos de activistas de varias organizaciones los que en el exterior «la emprendieron contra las fuerzas policiales» con piedras, hierros y todo tipo de objetos contundentes.
Todos los arrestados fueron liberados al día siguiente del suceso y en los últimos días fueron citados a declarar.
De ellos, además de los cinco imputados como presuntos autores de un delito de atentado agravado, dos mantienen su calidad de indagados.
Según establece el Código Penal uruguayo, comete delito de atentado quien usa la violencia o amenaza contra un funcionario público con los diversos fines enumerados en la misma norma, entre los que aparece estorbar al funcionario en el libre ejercicio de su función.
No obstante, otro artículo de dicho texto establece como circunstancia agravante que la violencia o amenaza se ejerza por más de tres personas y menos de quince.
Los sindicatos de docentes uruguayos, que en los últimos meses han convocado numerosos paros y movilizaciones para reclamar al Gobierno mejores salarios y más presupuesto para todo el sector, condenaron tras los hechos en el Codicen «la brutal represión» policial que a su juicio se registró en el desalojo.
Asimismo, once de los manifestantes detenidos presentaron el pasado 24 de septiembre una denuncia ante la Justicia por la «inusitada violencia» policial durante los hechos ocurridos ese día.
En este sentido, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, mostró hoy ante la prensa imágenes del desalojo para desmentir el uso de la violencia señalada en versiones que someten, dijo, «a la Policía al escarnio».
«Si hay quienes están acusando de haber desnudado gente, de haber torturado, a la jueza hay que demostrarle lo que uno dice. (…) Es una cuestión mediática, somete a la policía al escarnio público. Y la Policía da los elementos para mostrar que no hizo nada», declaró Bonomi en una rueda de prensa en la que estuvo apoyado por buena parte de ministros y miembros del oficialismo.