Santiago de Chile, 11 ago (EFE).- La Corte Suprema de Chile condenó hoy a penas de 5 a 15 años de prisión efectiva a los acusados por la muerte del exquímico de la policía secreta chilena Eugenio Berríos, ocurrido en Uruguay en 1995 y considerado una secuela de las operaciones coordinadas de los regímenes militares.
De los 14 acusados, quien recibió la pena más alta fue el exmayor del Ejército chileno Arturo Silva Valdés con 15 años y un día de prisión, como autor del delito de secuestro con homicidio, más 5 años y un día por asociación ilícita.
Tres de los condenados son exmilitares uruguayos: Tomás Casella Santos, Eduardo Radaelli Copolla y Wellington Sarli Pose.
El primero deberá cumplir 10 años de cárcel como autor de secuestro y 5 años por asociación ilícita y el segundo diez años como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita.
El tercero fue condenado a cinco años como cómplice de secuestro y 60 días más por asociación ilícita.
Berríos huyó a Uruguay en noviembre de 1991 para evitar declarar en el juicio abierto en Chile por el asesinato del excanciller Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit, perpetrado en Washington en 1976.
Se instaló en Montevideo con el nombre falso de Tulio Orellana y fue visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba secuestrado.
Fue entregado a unos militares uruguayos y no se supo más de él, hasta que en abril de 1995 se descubrió su cadáver, que había sido enterrado en una playa de las afueras de Montevideo, atado y con disparos en el cráneo.
Otros condenados son los exmilitares chilenos Eugenio Covarrubias Valenzuela, Hernán Ramírez Rurange, Jaime Torres Gacitúa, Manuel Provis Carrasco, Pablo Rodríguez Márquez y Raúl Lillo Gutiérrez, , Marcelo Sandoval Durán, Nelson Román Vargas, el general Fernando Torres Silva, exauditor del Ejército, y Manuel Pérez Santillán.
En las todas las sentencias se especifica que no podrán disfrutar de beneficios.
Los jueces absolvieron a Enrique Ibarra Chamorro, Mario Cisternas Orellana, Nelson Hernández Franco, Emilio Rojas Gómez y Érika Silva Morales.
Fuentes judiciales dijeron a Efe que se trata de sentencias definitivas, mientras que en el aspecto civil se acogió el recurso de casación planteado por el Fisco y se rechazó la demanda civil presentada por familiares de la víctima.