Montevideo, 22 ago (EFE).- La central obrera uruguaya PIT-CNT aceptó la renuncia de su vicepresidente, Joselo López, quien la presentó tras su procesamiento sin prisión en calidad de cómplice en un caso considerado de tortura ocurrido el pasado julio en un reformatorio de Montevideo, informaron hoy a Efe fuentes sindicales.
Uno de los jueces encargados del caso decidió enjuiciar y mantener bajo prisión preventiva a 17 de los 26 funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) investigados por lo sucedido, mientras que los otros nueve, entre los que se encuentra López, fueron procesados sin prisión.
A todos ellos se les imputa el delito de tortura a raíz de la investigación surgida tras la difusión de un vídeo (sin audio) grabado en el Hogar Ceprili, en el que se ve cómo unos jóvenes que rompieron una baldosa del patio y causaron disturbios en el lugar son reducidos violentamente por unos 30 hombres y mujeres.
«Los hechos de autos deben apreciarse no como la mera suma de conductas individuales aisladas sino como un solo hecho devenido resultado de una convergencia objetiva y subjetiva de varios agentes; una obra en común hacia la cual concurrieron las acciones singulares de los partícipes, las que no necesariamente se deben presentar como idénticas», señala la sentencia.
«Ello queda en evidencia a través de la filmación analizada, cuyas imágenes ponen de inmediato en relieve la irracionalidad, la desproporción y el exceso de violencia de todo el episodio registrado por las cámaras», concluye.
El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que respeta el proceso penal iniciado por el Poder Judicial, pero consideró que «es un tema sumamente complejo» en el que se termina «cortando por el hilo más fino, que es el de los trabajadores», según recoge un texto divulgado por la central obrera.
Además, indicó que el PIT-CNT es un movimiento sindical que «históricamente» ha luchado «de forma radical» en defensa de los derechos humanos y expuso que desde la organización consideran que no se está abordando «integralmente» el conjunto de responsabilidades para lograr un cambio institucional «en la forma de tratar a los adolescentes en conflicto con la ley».
Los hechos que tuvieron lugar en el Hogar Ceprili de Montevideo fueron denunciados ante la Justicia por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Uruguay y fueron condenados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).