Montevideo, 10 jul (EFE).- El director Nacional de Trabajo de Uruguay, Juan Castillo, dijo hoy a Efe que el Gobierno está haciendo «esfuerzos» para contemplar algunas de las peticiones de la central obrera PIT CNT y confesó que «siempre es posible» que los sindicatos desconvoquen el paro general anunciado para el 6 de agosto.
El PIT-CNT aprobó este jueves convocar para ese día la primera huelga general de 24 horas del país desde que Tabaré Vázquez asumió la Presidencia el pasado 1 de marzo, para pedir cambios en la estrategia del Ejecutivo en la negociación salarial.
Sin embargo, el presidente de la central obrera, Fernando Pereira, explicó que existe una posibilidad de que el paro sea desconvocado y no se realice.
«Que las pautas cambien radicalmente y que se atiendan nuestros planteos, que han sido muy mesurados, muy moderados y que han atendido la situación del país», concluyó.
Preguntado sobre la posibilidad de que el sindicato eche marcha atrás, Castillo, con una larga trayectoria sindical y excoordinador del PIT CNT, se mostró optimista.
«Siempre es posible. Yo siempre soy optimista y algunas cosas que surgieron del movimiento sindical me parece que hay que tenerlas en cuenta, que son que tienen buena línea argumental, y estamos haciendo esfuerzos desde el Gobierno a los efectos de contemplarlas. No todas pero al menos algunas de ellas», explicó.
La semana pasada, el Gobierno anunció las propuestas salariales para la negociación colectiva que deben llevar adelante empresarios y empleados y comunicó que las mismas serán aplicadas tal cual fueron presentadas en el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, lo que incomodó al PIT-CNT, que pide una flexibilización.
En la misma línea, la central sindical también desaprobó el reajuste anunciado por el Ejecutivo para el salario mínimo para los próximos tres años, que alcanzará cerca de 490 dólares mensuales (13.430 pesos uruguayos) en 2018 -actualmente en 10.000 pesos-, según el Ejecutivo.
Al respecto, el PIT CNT plantea cambiar las líneas del Poder Ejecutivo en cuatro direcciones, como que el salario mínimo suba de forma más acelerada y llegue a los 15.000 pesos (544 dólares) durante el próximo trienio y se otorgue un «tratamiento especial» a los salarios que estén por debajo de esa cifra.
Reivindican además que existe un «correctivo anual», respecto a que los trabajadores no pueden «jugar a la lotería con el salario» y nada puede garantizarles que la inflación va a bajar un punto por año.
Y por último consideran que el camino del crecimiento salarial tiene que ir acompañando a la riqueza nacional.
«No sólo nos enfrentamos a las líneas del Gobierno sino que apostamos a que las ganancias empresariales sean un poquito menores para que los salarios sean un poquito mejores. O sea, repartir la riqueza», divulgó el sindicato en un texto informativo.
El Consejo Superior Tripartito -Gobierno, empresarios y trabajadores- volverá a reunirse la próxima semana en el marco de la sexta ronda de los Consejos de Salarios.
«Ha quedado claro públicamente que la central sindical tiene matices y diferencias concretas con los alineamientos que el Gobierno ha anunciado públicamente, por tanto es un punto importante en la plataforma», destacó Castillo.
«Todos tenemos responsabilidades distintas: El Gobierno tener presente en qué coyuntura estamos, qué contexto regional existe hoy día y por lo tanto cuáles son las condiciones más ventajosas para todas las partes que se podían desarrollar en esta ronda», confesó.
Asimismo, agregó que el sector empleador «ha manejado las críticas en esta segunda reunión, por lo que considera que se les puede disparar algunos costos y que pueden ser motivos de ajustes», mientras que el movimiento sindical reclama la posibilidad «de más y de mejores aumentos salariales».
En Uruguay existe un promedio de dos rondas de negociación colectiva en cada periodo de Gobierno.
Esta es la sexta desde que se reinstauraron los consejos salariales en 2005, cuando llegó al poder el bloque de izquierdas Frente Amplio, ya que estaba suspendidos desde 1992.
Los convenios que se firmen durarán un máximo de tres años, por lo que se prevé para 2018 una nueva ronda.
«Ojalá sea en otro contexto y escenario que permita tener mejores alineamientos que permitan más aumento de salario de los trabajadores», concluyó Castillo.