Montevideo, 16 nov (EFE).- El Gobierno uruguayo informó hoy que creará un grupo de trabajo para estudiar el inicio de la actividad en el país de Uber, empresa que ha generado rechazo y protestas por parte de cientos de taxistas.
La compañía estadounidense Uber, en pleno proceso de implantación en Montevideo, es una plataforma que pone en contacto a pasajeros y conductores privados y, según se define la propia empresa, no es una empresa de transporte sino de tecnología.
Las alarmas en el sector del taxi en Uruguay saltaron cuando la empresa publicó en las redes sociales un mensaje en el que comenzaba a buscar chóferes para su plantilla y el nerviosismo de los sindicatos aumentó ante los anuncios de un inminente comienzo de sus operaciones en Montevideo.
Según explicó hoy el ministro de Transporte, Víctor Rossi, la instancia con la que el Gobierno abordará el asunto será conformada en las próximas 48 horas y estará integrada, además de su cartera, por las de Economía, Industria y Trabajo.
En tanto, el papel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto será el de representar al Congreso de Intendentes, que integran los 19 gobernadores departamentales (provinciales) del país, cuyas normativas son las que regulan la actividad de los taxis.
Según el ministro, uno de los motivos por el que el Ejecutivo ha tomado esta decisión es que Uber «puede ir más allá» del servicio de taxi y afectar al transporte «en general», sobre todo al «de interés público», el cual matizó que sí es competencia del Gobierno.
El titular de Transporte destacó que se analizarán las normas vigentes y que la posición del Gobierno «no es de negación o restrictiva», pero resaltó que la obligación del mismo es dar «garantías» a los usuarios, las cuales, en su opinión, sí ofrece el servicio de taxis del país.
«En muchos países el proceso de competencia no regulada deriva en una informalidad que termina con las garantías que el servicio hoy en Uruguay brinda», aseguró.
Asimismo, señaló que «la experiencia internacional» alerta de una «serie de modalidades y consecuencias que deben tenerse en cuenta» para ver si es necesario incorporar nuevas regulaciones.
En principio, parece que entre esta semana y la siguiente Uber empezará a operar en Montevideo, donde vive alrededor de la mitad de los 3,3 millones de habitantes de Uruguay.
Preguntado acerca de ello, Rossi dijo preferir «no entrar en especulaciones», pero lanzó un mensaje claro al destacar que «quien transporte pasajeros y cobre por ello tiene que ajustarse a determinadas reglamentaciones vigentes» y que, de lo contrario, se pueden aplicar sanciones, en determinados casos, «muy severas».
La empresa se encuentra ahora formando a sus candidatos para el uso de la aplicación tecnológica y para darles recomendaciones para dar un buen servicio, como ofrecer bebidas, la elección de la sintonía de radio o la adecuación de aire acondicionado.
El pasado viernes centenares de taxistas irrumpieron a modo de protesta en un hotel de la capital uruguaya donde la compañía iba a realizar un curso de formación.
Otro capítulo de la controversia entre la patronal de taxistas y Uber fue el anuncio por parte de la empresa de «acciones legales» contra los sindicatos después de conocerse que se registró en el país la marca y el logotipo de la empresa estadounidense, una acción que catalogó como «claramente malintencionada».
La firma, que funciona en más de 300 ciudades de unos 60 países, ha tenido que enfrentarse a diversos contenciosos judiciales por su modelo de negocio en naciones como India, España e Italia.
Además, grupos de taxistas se han manifestado en el último año en varias ciudades de Latinoamérica para exigir que se combatan los servicios de Uber y otras plataformas tecnológicas para servicios privados de transporte de pasajeros, que consideran «ilegales».