Montevideo, 16 nov (EFE).- El Gobierno uruguayo creará un grupo de trabajo integrado por varios ministerios y por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para estudiar el comienzo de la actividad de Uber en el país, informó el titular de la cartera de Transporte (MTOP), Victor Rossi, en el Consejo de Ministros de hoy.
La compañía estadounidense Uber -en pleno proceso de implantación en Montevideo- proporciona una red de transporte a los ciudadanos a través de una aplicación móvil y, según se define la propia organización, no es una empresa de transporte sino de tecnología.
Las alarmas en el sector del taxi en Uruguay saltaron cuando la empresa publicó en las redes sociales un mensaje en el que comenzaba a buscar chóferes para su plantilla y el nerviosismo de los sindicatos aumentó ante los anuncios de un inminente comienzo de sus operaciones en Montevideo.
La instancia interministerial con la que el Gobierno abordará el asunto será conformada en las próximas 48 horas y estará integrada por las carteras de Economía (MEF), Industria (MIEM), Trabajo (MTSS) y el propio MTOP, explicó Rossi.
En tanto, el papel de la OPP será el de representar al Congreso de Intendentes, que integran los 19 gobernadores departamentales (provinciales) del país, cuyas normativas son las que regulan la actividad de los taxis.
Según el ministro, uno de los motivos por el que el Ejecutivo ha tomado esta decisión es que Uber «puede ir más allá» del servicio de taxi y afectar al transporte «en general», sobre todo al «de interés público», el cual matizó que sí es competencia del Gobierno.
El titular del MTOP destacó que se analizarán las normas vigentes y que la posición del Gobierno «no es de negación o restrictiva», pero resaltó que la obligación del mismo es dar «garantías» a los usuarios, las cuales, en su opinión, sí ofrece el servicio de taxis del país.
«En muchos países el proceso de competencia no regulada deriva en una informalidad que termina con las garantías que el servicio, hoy en Uruguay, brinda», aseguró.
Asimismo, señaló que «la experiencia internacional» alerta de una «serie de modalidades y consecuencias que deben tenerse en cuenta» para ver si es necesario incorporar nuevas regulaciones.
En principio, parece que entre esta semana y la siguiente Uber empezará a operar en Montevideo, donde vive alrededor de la mitad de los 3,3 millones de habitantes de Uruguay.
Preguntado acerca de ello, Rossi dijo preferir «no entrar en especulaciones», pero lanzó un mensaje claro al destacar que «quien transporte pasajeros y cobre por ello tiene que ajustarse a determinadas reglamentaciones vigentes» y que, de lo contrario, se pueden aplicar sanciones, en determinados casos, «muy severas».
La empresa se encuentra ahora formando a sus candidatos para el uso de la aplicación tecnológica y para darles recomendaciones para dar un buen servicio, como el ofrecer refrescos, la elección de la sintonía de la radio o la adecuación del aire acondicionado.
De hecho, el pasado viernes centenares de taxistas irrumpieron a modo de protesta en un hotel de la capital uruguaya donde la compañía iba a realizar un curso de formación.
Otro capítulo de la controversia entre la patronal y Uber fue el anuncio por parte de esta de «acciones legales» contra los sindicatos después de conocerse que se registró en el país la marca y el logotipo de la empresa estadounidense, una acción que catalogó como «claramente malintencionada».
La firma, que funciona en más de 300 ciudades de unos 60 países, ha tenido que enfrentarse a diversos contenciosos judiciales por su modelo de negocio en naciones como India, España e Italia.