Montevideo, 5 sep (EFE).- La empresa estatal Alcoholes del Uruguay (Alur) afirmó este viernes que no denunció al diario local El Telégrafo por grabar con un dron los destrozos causados por un accidente en su planta de Nuevo Paysandú (oeste) el pasado 20 de junio, informó la entidad a través de un comunicado.
«No se trata de una denuncia contra un medio de comunicación (…) Nosotros, en esta planta, manejamos combustible, por lo que hay un problema de seguridad industrial. Creemos que hay determinados derechos de los medios de comunicación a informar, sin lugar a dudas, pero también tenemos no solo el derecho, sino la obligación, de velar por la seguridad industrial», dice el texto.
La empresa estatal argumenta que las instalaciones de la planta donde ocurrieron los hechos tienen zonas clasificadas como «atmósferas explosivas» y alegan que la «interferencia de un equipo desconocido en ellas, y sin la oportunidad de evaluarlo y adoptar las medidas necesarias, puede generar un riesgo potencial».
«Si este medio local (en alusión a El Telégrafo) nos hubiera solicitado la autorización para entrar a la planta y tomar la fotografía de lo que había pasado, lo hubiéramos autorizado porque no tenemos nada que esconder», dice el comunicado.
Por su parte, el director del diario en cuestión, Alberto Baccaro, afirmó este viernes que «está en juego» la libertad de prensa después de que Alur denunciase a la publicación.
«Esto es una denuncia ante la autoridad aeronáutica por hacer pública una información que no le resulta nada simpática (a Alur). Claramente lo que se está buscando es intimidar al diario», señaló a Efe Baccaro, para quien se trata de un «agravante» que esta situación venga de una empresa estatal.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, respaldó la postura del medio al considerar que informó de asuntos de interés público y que para ello utilizó una «legítima y nueva herramienta de trabajo».
El diario también argumenta que no pidió autorización para sobrevolar y grabar con el dron porque, según la reglamentación vigente, dispositivos de hasta 25 kilos de peso de lanzamiento (este pesa 1,5 kilos) no requieren de ningún permiso.
Acerca de la normativa en el país suramericano, Alur solicitó una revisión de la misma dado que considera que no se regula el uso de dispositivos aéreos operados a distancia en lo referido a la seguridad industrial, de las personas o de las familias.
La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica de Uruguay (Dinacia) está investigando la demanda interpuesta por Alur, que se dedica a la producción de biodiesel, bioetanol, alimento animal, energía y azúcar y está conformada al 94 % por el Grupo Ancap, empresa estatal de hidrocarburos de Uruguay, y al 6 % por Petróleos de Venezuela (PDVSA).