Montevideo, 21 oct (EFE).- El exministro de Economía de Uruguay entre 2010 y 2013, Fernando Lorenzo, compareció hoy ante la Comisión parlamentaria que investiga el millonario endeudamiento de la petrolera estatal del país (Ancap) entre 2000 y 2015 y su intervención dividió la opinión de la oposición y el oficialismo.
Los senadores opositores Pablo Mieres y José Carlos Cardoso, del Partido Independiente (PI) y del Partido Nacional (PN), respectivamente, señalaron que en su comparecencia, Lorenzo, que no habló ante la prensa, indicó que el endeudamiento de Ancap se produjo ante el desconocimiento del Ministerio de Economía.
Una visión contraria a la del oficialismo, plasmada en este caso en la del senador Marcos Otheguy, que integra la gobernante coalición de izquierdas Frente Amplio y que dijo que fue «el Gobierno» el que tomó la decisión de hacer una serie de inversiones necesarias para cambiar la matriz energética del país, las cuales considera que influyeron en el endeudamiento de la petrolera.
Al cierre del ejercicio de 2014 este se situaba en 323 millones de dólares, que se suman a los 170 millones de dólares del año anterior.
La comisión, cuyo plazo para investigar finaliza el próximo 7 de diciembre, pivota sobre tres ejes: los resultados económicos de la empresa, los contratos suscritos y sus inversiones, y la relación con sus 16 entidades subsidiarias.
En estos momentos la investigación se centra en algunos contratos suscritos por Ancap, como los que supusieron una inversión en publicidad de alrededor de «10 millones de dólares en los últimos dos años», según Cardoso.
En este sentido, uno de los temas que más relevancia mediática ha tenido recientemente es la adjudicación el pasado mayo de un contrato público por valor de 5.000 dólares en materia publicitaria a una radio que en aquel momento todavía no emitía señal.
En la próxima fase de la investigación se analizará la relación de Ancap con sus 16 empresas subsidiarias.
El exministro Fernando Lorenzo fue uno de los procesados sin prisión en 2014 por «abuso de funciones» en el caso de la quiebra de Pluna, compañía aérea del país suramericano de la que el Estado administraba un 25 % de las acciones en el momento de su liquidación en 2012.