Montevideo, 15 dic (EFE).- El Fondo de Bienes Decomisados al Narcotráfico en Uruguay hizo acopio de 27 millones de pesos (unos 900.000 dólares) y 2,6 millones de dólares desde 2010 hasta octubre de este año, informó hoy en Montevideo la Junta Nacional de Drogas (JND) del país.
Los ingresos se produjeron en concepto de dinero decomisado, de multas por ingresar al país con más de 10.000 dólares sin declararlos y de resultados de las subastas de los bienes incautados al narcotráfico.
El viceministro del Interior, Jorge Vázquez, destacó que este Fondo, creado en 2006, fue una señal «muy buena» de Uruguay hacia el mundo de la responsabilidad con que enfrenta este tipo de delitos.
«Los años han demostrado que la experiencia fue buena y los resultados también», exclamó.
El alto funcionario señaló que «el crimen organizado funciona sobre los rieles de la corrupción» y que por ello se debe ser más eficiente en el mundo financiero porque «la ganancia que deja es tan enorme que cada vez pueden comprar cargamentos más importantes y corromper a más organizaciones».
Además, marcó la necesidad por mayor eficiencia «para que estas organizaciones no se puedan reproducir», dijo Vázquez.
Agregó que se han incorporado algunas medidas como incrementar las listas de delitos precedentes del lavado de dinero, y que se está analizando la creación de una comisión que buscará los bienes patrimoniales que puedan tener estas estructuras delictivas y sus fuentes de financiación.
Por su parte, el fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Jorge Díaz, apostó por avanzar hacia una Ley de Extinción del Dominio, como en Colombia, donde todo bien que tenga origen ilícito, ya no simplemente delictivo, y que su propietario no pueda justificar debidamente, esos bienes sean incautados y decomisados a favor del Estado.
«En cualquier caso la política siempre es la misma, tratar de privar a los delincuentes de sus bienes y destinarlos a reparar el daño social que las actividades delictivas causan», concluyó Díaz.
Durante el acto se llevó a cabo un acto de entrega de certificados de reconocimiento a las instituciones policiales involucradas en la incautación de bienes vinculados al narcotráfico.