Montevideo, 20 oct (EFE).- Los sindicatos de funcionarios judiciales de Uruguay comunicaron hoy que realizarán una huelga nacional de carácter parcial el jueves en protesta por lo que entienden una nula asignación de recursos al sector en el Presupuesto Nacional del periodo 2015-2019.
Además, se quejan de tres de los artículos contemplados en el proyecto presupuestal para el nuevo quinquenio, que la semana pasada fue aprobado en la Cámara de Diputados y que pasará ahora a la de Senadores para que lo mantenga igual o realice nuevos cambios.
«El Poder Judicial no sólo fue ignorado por el Ejecutivo en este Presupuesto, sino que además se incluyen tres artículos que afectan directamente a los integrantes de la Justicia», dijo el dirigente de la Asociacion de Actuarios Judiciales del Uruguay (Adaju) Diego Pardo en la emisora radial El Espectador.
El paro de la actividad en el sector se llevará a cabo entre las 14:30 y las 16.30 hora local (de 17:30 a 19:30 GMT) y no contempla la realización de ninguna guardia gremial.
En Montevideo, el paro tendrá lugar frente al Palacio Legislativo.
Una vez que el proyecto de Presupuesto Nacional ingrese a la Cámara Alta, los senadores lo debatirán durante 45 días para después volver a la de Diputados, que si aprueba las modificaciones realizadas supondría ya su promulgación como ley.
En el intento de hacerles llegar a los senadores la importancia de introducir algunas modificaciones «imprescindibles», un grupo de representantes del gremio judicial mantendrá reuniones con ellos en el Parlamento el día de la huelga.
«Nunca había pasado que se eliminara del Presupuesto Nacional al Poder Judicial, esta situación es un poco dura y por eso tendremos que ir a hablar con todos los senadores para tratar de que se revierta esta situación», indicó el sindicalista.
Uno de los artículos que mencionaba Pardo eliminaba la equiparación establecida en 2010 por el Gobierno del expresidente José Mújica (2010-2015) entre los salarios de los ministros con el de los senadores.
Los funcionarios adujeron a la Ley Orgánica 15.750 de la Judicatura y de Organización de los Tribunales, por la cual dicha equiparación vinculaba a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y se hacía extensible a jueces, actuarios, defensores de oficio y otros funcionarios.
El Gobierno, entonces, dijo no tiene presupuesto para asumir esos pagos y planteó un aumento de un 8 % en el salario de los funcionarios judiciales, menor al 26 % que el gremio demandaba.
El asunto quedó en manos de la Justicia, que en marzo falló que el Estado uruguayo deberá pagar a cerca de 4.000 funcionarios de Justicia el reajuste salarial al que tenían derecho en base al aumento de sueldo decretado en 2010.
El segundo de los artículos que molesta a los funcionarios indica que el pago por ajustes o reajustes salariales que emane de una sentencia judicial deberá comunicarse con un plazo de 10 días para que el Ejecutivo lo incluya en el siguiente presupuesto quinquenal.
«Esto hace muy dificultoso el cobro», destacó Pardo.
«El Ejecutivo puede estar pensando en los juicios que hay pendientes, y tanto piensa en los juicios que introduce esta forma de pago poco convencional que habría que ver si no es inconstitucional», explicó.
El tercer artículo con el que los judiciales están disconformes refiere al gravamen con IRPF de algunas partidas para todos los funcionarios del Poder Judicial con excepción de los trabajadores no técnicos.
La protesta de los funcionarios de Justicia se suma a la mantenida durante los últimos meses por otros gremios, principalmente el de Educación, que protagonizó una oleada de paros y de ocupaciones de centros de enseñanza durante los últimos meses.