Montevideo, 23 nov (EFE).- Funcionarios judiciales de Uruguay iniciaron hoy la ocupación de juzgados en rechazo a la no aprobación de un nuevo presupuesto destinado al Poder Judicial, una medida que se mantendrá por tres horas en Montevideo y 24 en otros tres departamentos (provincias) del interior.
Esta protesta se iniciará en la capital uruguaya con la toma del Centro de Justicia Penal, en el centro de la ciudad, mientras que en el interior del país serán los Juzgados Letrados de la localidad de Paso de los Toros, en Tacuarembó y en Salto (norte) y Cerro Largo (noreste) los que serán ocupados.
En Montevideo se prevé que la protesta se realice entre las 14.00 y 17.00 hora local (17.00 – 20.00 GMT), y en el interior paralizan las actividades durante toda la jornada laboral.
Carlos Fessler, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales de Uruguay (Afju), dijo a Efe que la medida se decidió la semana pasada en asamblea de trabajadores y agregó que desde que se elaboró el proyecto de ley del Presupuesto Nacional para los próximos cinco años, que se debate en el Parlamento, el Poder Ejecutivo «desconoció» al Poder Judicial.
«Desde que se inició la discusión del presupuesto para el Poder Judicial marcamos una voz de alerta, pedimos que dentro del nuevo presupuesto sean contemplados los gastos en base a las necesidades de funcionamiento», manifestó Fessler.
Asimismo, añadió que de no aprobarse un nuevo presupuesto, los salarios de los trabajadores quedarán congelados durante 10 años, e igualmente expresó que entre sus solicitudes piden la no aprobación de un artículo que según explicó «dilata el cobro de sentencias judiciales de los trabajadores».
«Después de intentar por todos los caminos y diálogos con el Ejecutivo no tuvimos más opción que tomar esta decisión», aseveró el secretario general de Afju.
De igual modo, puntualizó que con la paralización de actividades se verán afectadas todas las audiencias previstas para el día, en lo que su opinión representa «una distorsión de los servicios».
El presupuesto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y pasó a ser estudiado por la Cámara de Senadores de Uruguay.
Por otro lado, fuentes oficiales del Poder Judicial informaron a Efe que esta manifestación se trata de un tema «netamente sindical», y que se desalojarán las oficinas públicas amparados en un decreto de ley.
De esta manera, detallaron que el procedimiento a seguir en primera instancia es enviar una comunicación al Ministerio de Trabajo, que debe enviar a un negociador, y de no haber acuerdo se solicita el desalojo de las instalaciones por parte del Ministerio del Interior.
En ese contexto, Fessler aseguró que no se van a resistir a la ley «bajo ninguna situación» ya que su trabajo como integrantes del Poder Judicial es defender la aplicación de la misma, por lo que en ese caso cesarán las ocupaciones, pero a su vez resaltó que «mientras no aparezca la voluntad política», mantendrán su postura.