Montevideo, 26 nov (EFE).- El Poder Ejecutivo de Uruguay «debe aguardar» el pronunciamiento de la Justicia sobre la supuesta inconstitucionalidad de una ley que prevé resarcir a los funcionarios del sistema judicial por un conflicto salarial iniciado en 2010, informaron hoy fuentes oficiales.
No obstante, los colectivos de trabajadores judiciales, que entienden que esa ley no cubre sus reclamos, han presentado ante la Suprema Corte de Justicia diferentes recursos de inconstitucionalidad ante los cuales el órgano no se ha expedido «hasta la fecha», según el comunicado.
La norma, aprobada por el Parlamento a inicios de 2015, «dispuso un ajuste en las retribuciones de (…) magistrados, fiscales y funcionarios del Poder Judicial» y asignó 246.000.000 pesos (unos 8.213.689 dólares) a los funcionarios judiciales.
La misma ley prevé también «una partida extraordinaria de 459.000.000» pesos (15.325.542 dólares) para pagar obligaciones generadas por «las interpretaciones, resoluciones, liquidaciones de haberes u otro tipo de acciones» que existían al momento de su promulgación, precisa el documento.
El conflicto entre los trabajadores judiciales y el Gobierno se remonta a 2010, cuando la administración del entonces presidente José Mujica (2010-2015) aprobó un incremento de las retribuciones de los ministros de Estado para equipararlas con los sueldos de los senadores.
Los sueldos de los trabajadores del sistema judicial uruguayo están ligados a los salarios de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que a su vez, por ley, deben estar equiparados a las retribuciones de los ministros de Estado.
Desde entonces, los trabajadores judiciales han reclamado que se suban sus salarios en un 26 % y han presentado demandas que se encuentran en distintos grados de avance, además de los recursos de inconstitucionalidad a la ley aprobada en enero.
«El Gobierno nacional muestra un irrenunciable apego a la Constitución y a la ley y por tanto entiende que en este caso, debe aguardar previamente el pronunciamiento de la Justicia, a efectos de implementar la ley», precisa el comunicado publicado hoy por la Presidencia.
«Una vez dictadas las sentencias que se correspondan con las acciones iniciadas, sean declarando la constitucionalidad de la norma o su inconstitucionalidad, el Poder Ejecutivo procederá de acuerdo a Derecho», incide el comunicado.
El conflicto recrudeció con la votación en el Parlamento del presupuesto nacional para los próximos cinco años, en el que no está previsto ningún incremento en las partidas que recibirá el Poder Judicial, por lo que los funcionarios de esa rama del Estado iniciaron una serie de paros y ocupaciones de oficinas este lunes.
Los trabajadores ocuparon durante toda la jornada de ayer la sede de la Suprema Corte de Justicia en Montevideo aunque fueron intimados por el Ministerio de Trabajo a liberar el edificio para continuar las negociaciones, que se encuentran en cuarto intermedio debido a que los judiciales declararon «inadmisibles» las propuestas del Gobierno.
En tanto, hoy retomaron las ocupaciones previstas en el Palacio de los Tribunales, sede de varios juzgados de la capital uruguaya, además de las oficinas judiciales de Fray Bentos (suroeste) y Paysandú (noroeste).