Montevideo, 5 oct (EFE).- La comisión que investiga desde el pasado agosto la gestión de la petrolera estatal uruguaya (Ancap) entre 2000 y 2015 por sus resultados deficitarios genera división de opiniones entre el oficialismo y la oposición del país acerca de si las indagaciones han arrojado indicios de irregularidades o no.
La comisión, cuyo plazo para investigar finaliza el próximo 7 de diciembre, pivota sobre tres ejes: los resultados económicos de la empresa, los contratos suscritos y sus inversiones, y la relación con sus 16 entidades subsidiarias.
El primer capítulo de las indagaciones indica que Ancap «se endeudó de una manera fuera de la lógica», dijo a Efe el senador del opositor Partido Nacional (PN) José Carlos Cardoso, en referencia al cierre del ejercicio de 2014 con 323 millones de dólares de pérdidas, que se suman a los 170 millones de dólares de 2013.
«Puede haber diferentes opiniones sobre los planes de desarrollo estratégico o de inversiones de Ancap, pero todo lo que se ha mostrado es totalmente claro», afirmó el senador de la gobernante coalición de izquierdas Frente Amplio (FA) Marcos Carámbula, uno de los siete miembros de la comisión, en la que hay cuatro políticos del FA y tres de la oposición.
La etapa de análisis en la que se encuentra ahora la comisión se centra en la investigación de algunos contratos suscritos por Ancap, como los que supusieron una inversión de alrededor de «10 millones de dólares en los últimos dos años» en publicidad, según Cardoso.
Ahora es donde «empiezan a aparecer irregularidades», dijo el también senador opositor Pablo Mieres, que integra la comisión como representante del Partido Independiente.
En este sentido, el senador Cardoso se cuestionó la decisión de otorgar a una agencia de publicidad la gestión de la cuenta de Ancap, dado que, en su opinión, esta carecía de «experiencia» para tener un cliente de ese calado, e indicó que se pudo deber a «relaciones amistosas» con dirigentes de la empresa estatal.
Sobre este asunto, Carámbula dijo que hubo «dos comparecencias» en las que aseveró que se demostró que «todo estaba ajustado a derecho» y que se explicaron los detalles que motivaron la adjudicación.
También llama la atención el caso de unos 5.000 dólares que Ancap entregó en mayo del año pasado en concepto de publicidad a una radio que en aquel momento todavía no emitía señal.
Según Mieres, esta transacción «tiene toda la apariencia de ser ilícita» e indicó que el director de la emisora «fue candidato de la lista (electoral) que encabezaba Raúl Sendic», vicepresidente de Uruguay y expresidente de Ancap.
Acerca de ello, Carámbula señaló que todavía se espera la respuesta del directorio de la empresa, ya que sobre este tema habló un gerente de comunicación de Ancap, pero sostuvo que «hasta el momento» no hay ningún elemento que les «haga suponer actividades irregulares o ilícitas».
En la próxima fase de la investigación se analizará la relación de Ancap con sus 16 empresas subsidiarias.
Tanto Mieres como Cardoso coinciden en que se han pagado sobreprecios en varios proyectos que involucran a estas entidades, a lo que Carámbula contestó que hubo «inversiones que superaron el monto inicial estimado debido a la magnitud de ciertas obras».
Además, indicó que el FA habilitó «la comisión con la certeza de que se investigara hasta el final, para dar la mayor transparencia», ya que a su entender «no hay irregularidades ni ilícitos» y consideró que todo lo que se ha mostrado hasta ahora es «totalmente claro».
Ante esta comisión comparecerán en los próximos meses los exministros de Economía Mario Bergara (2013-2015) -actual presidente del Banco Central Uruguayo- y Fernando Lorenzo (2010-2013), así como gerentes de la petrolera estatal de los últimos siete u ocho años.