Washington, 18 ago (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy «los hechos de violencia» supuestamente cometidos por funcionarios públicos en contra de adolescentes recluidos en un centro en Montevideo e instó al Gobierno uruguayo a investigar los hechos y castigar a los responsables.
En un comunicado emitido en Washington, la CIDH instó al Estado uruguayo «a continuar con las investigaciones judiciales emprendidas, sancionar a los responsables y adoptar medidas a fin de evitar que se repitan hechos similares».
De acuerdo con la información disponible y el vídeo de las cámaras de seguridad, agregó la nota, dos adolescentes detenidos en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) en Montevideo protagonizaron disturbios el 24 de julio de 2015 en la sección de celdas, mientras los funcionarios del Institito del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) estaban en una reunión sindical.
Como consecuencia, más de 30 funcionarios ingresaron a la sección «de celdas perpetrando acciones violentas hacia los internos, quienes al momento de ser atacados estaban desarmados y no oponen resistencia».
Entre otras acciones, apuntó el comunicado, los funcionarios públicos «arrojaron a los adolescentes al suelo, los agredieron con puñetazos y patadas, y luego utilizaron extintores para incendios a fin de dominar por asfixia a otros adolescentes».
«El vídeo es profundamente perturbador», dijo la relatora sobre los derechos de la niñez de la CIDH, la comisionada Rosa María Ortiz.
«Esos funcionarios están obligados a otorgar un trato digno a los adolescentes que se encuentran bajo la responsabilidad del Estado, privados de libertad en el marco de un proceso que pretende ser de rehabilitación. La violencia sólo enseña violencia y lo ocurrido debe ser investigado para determinar responsabilidades por estos actos de trato indigno e inhumano», agregó Ortiz.
La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que miembros del sindicato de trabajadores del INAU declararon a los medios de comunicación que los hechos registrados en este vídeo son prácticas «usuales» en los centros de privación de libertad para adolescentes en Uruguay.
«Nos resultan particularmente preocupantes las declaraciones que indicarían que estos hechos no fueron una excepción, sino una práctica extendida», subrayó la relatora.
Además, Ortiz instó a las autoridades estatales «a adoptar de manera urgente medidas de no repetición, tales como las prácticas de justicia restaurativa y los protocolos que antes que enfrentamiento privilegien el diálogo y programas de soluciones alternativas y no violentas de conflictos».
La relatora visitó los centros de privación de libertad para adolescentes en Uruguay en 2014 y constató condiciones inhumanas, denuncias de tortura y malos tratos y falta de funcionarios capacitados y de actividades educativas y recreativas dirigidas hacia la rehabilitación y reintegración.
Por otro lado, la CIDH reiteró su satisfacción por el rechazo de la propuesta de rebaja de la edad penal de los 18 a 16 años en Uruguay, a través de un referéndum en octubre de 2014.
Por contra, expresó su preocupación por los cambios legislativos que han agravado las sanciones a adolescentes en el sistema de justicia juvenil por la entrada en vigencia de la Ley 19.055.
«Resulta preocupante -agregó- el uso excesivo de la privación de libertad, en menoscabo de la adopción de medidas socioeducativas alternativas a la privación de libertad, las cuales favorecen la rehabilitación y la reinserción social».