Montevideo, 20 jul (EFE).- La oposición uruguaya pidió hoy el cese del presidente de la Corporación Nacional de Desarrollo, Fernando Calloia, después de que la justicia confirmase procesarlo por abuso de funciones en la liquidación de la aerolínea Pluna cuando era presidente del Banco República de Uruguay (BROU).
La Suprema Corte uruguaya anuló hoy la sentencia de un tribunal de apelaciones que había revocado el procesamiento dispuesto en primera instancia por una jueza.
Entre tanto, Calloia asumió el pasado 28 de junio como presidente de la CND, cargo para el que fue nombrado por el actual presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y que fue autorizado en el Senado el pasado 10 de junio con los votos del oficialista Frente Amplio (FA).
«Soberbia es mala consejera: teníamos razón, Calloia no debió ser nombrado en la CND. Ya debe renunciar», expresó el senador por el Partido Colorado José Amorín en su cuenta de la red social Twitter.
«Por imprudencia o soberbia el FA apuró la venia (autorización) de Calloia. Ahora llegó el tiempo de su renuncia. A eso se comprometió el FA cuando la votó», expresó por su parte Jorge Gandini, diputado del Partido Nacional (PN), principal fuerza opositora.
También el senador y excandidato presidencial por esta formación Luis Lacalle Pou mostró su opinión en Twitter.
«El tiempo le dio la razón a los Senadores del período pasado del @PNACIONAL con respecto a la situación de Calloia», indicó.
La decisión del máximo órgano judicial uruguayo, tomada por mayoría, no afecta al exministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo, que fue procesado sin prisión en 2014 junto a Calloia acusado de «abuso de funciones» por el caso de la quiebra de Pluna, que sigue varias líneas de investigación.
El senador por el Partido Independiente, Pablo Mieres, también se expresó al respecto en las redes sociales.
«Advertimos a bancada FA que no se apuraran a votar venia de Calloia. Ahora tendrán que destituirlo», añadió.
«El gobierno tiene un problema serio: continuará al frente de la CND un ciudadano procesado por un delito contra la Administración Pública?», espetó por su parte Pablo Abdala, diputado del PN.
De momento, ningún miembro del Gobierno se pronunció al respecto.