Montevideo, 28 jul (EFE).- Varias organizaciones sociales uruguayas exigieron hoy un sistema de justicia que «garantice los derechos humanos» y no la «impunidad de quienes los violan» en los casos de explotación sexual infantil, para lo que pidieron eliminar concepciones «adultocéntricas» y «estereotipos sexistas».
En un comunicado, estas agrupaciones manifestaron sentirse sorprendidas «con actuaciones judiciales que si bien hacen hincapié en la importancia de contar con un adecuado marco de contención y tuición de menores», omiten «deliberadamente la responsabilidad de los explotadores».
Asimismo, el texto se refiere a un reciente caso de explotación sexual de dos adolescentes, K.S y K.M, acontecido en el departamento de Rivera, al noreste del país, por el que se procesó sin prisión a la madre de la primera por omisión de los deberes de patria potestad y a dos funcionarias del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) por omisión de los deberes del cargo.
Ya el pasado 19 de julio la policía anunció estar investigando la causa del embarazo de K.S, una niña de 13 años custodiada en régimen de semilibertad en un hogar de menores de ese lugar y que fue víctima de la prostitución.
La joven se encontraba bajo la órbita del INAU, que se encarga, entre otras tareas, de acoger a niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados, como víctimas de maltratos, abusos o abandono por parte de la familia los menores en conflicto con la ley.
La Justicia sostuvo que en el caso de la directora del hogar, no se desplegaron las acciones que, según su cargo pudieran permitir la contención y amparo tanto de K.M. como de K.S., menores «con un contexto familiar crítico, con serios problemas de salud, que abandonaban (el hogar) en múltiples ocasiones».
Además, el auto de procesamiento expresa que «varias personas de sexo masculino declararon (…) en carácter de indagados por ser policialmente vinculados a la posible explotación sexual de K.M.».
Sin embargo, añade que «si bien todos ellos han mantenido contacto sexual con la misma (…) no se han encontrado, a criterio del Ministerio Público y Fiscal, elementos probatorios que permitan atribuirles inicialmente alguna responsabilidad que desde el punto de vista penal se encuentre tipificada».
Esto es por los que los colectivos denunciantes reiteraron en el comunicado que el Estado tiene la «obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar este tipo de delitos».
«El Poder Judicial forma parte fundamental del Estado, y como tal debe responder con pronunciamientos jurisdiccionales que se encuentren a la altura de estilo que requieren la protección de derechos fundamentales», concreta el texto.
Además, destacan que de acuerdo con la ley, son responsables «tanto las personas que contribuyen a la explotación como quienes paguen o prometieren pagar o dar alguna ventaja de cualquier naturaleza a niñas, niños o adolescentes para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo».
«El fallo judicial y, previamente, el dictamen fiscal por tanto, son omisos en la aplicación de la norma al no haberse iniciado proceso penal por los delitos cometidos», agregan dichas organizaciones.
«Bajo ningún concepto debería permanecer impune quien realizó retribuciones en dinero y en especie, a una adolescente para mantener relaciones sexuales con ella», aseveran.
No obstante, continúan señalando que para que los órganos integrantes del sistema de justicia penal «respondan ante estas situaciones con efectividad y justicia» resulta «imprescindible» revisar y eliminar las concepciones «adultocéntricas, estereotipos sexistas y prejuicios de clase que sustentan estos delitos».
La Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, el Servicio de Paz y Justicia de Uruguay y la Red de Mujeres Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora Región Cono Sur son algunos de los colectivos denunciantes.