Montevideo, 2 sep (EFE).- El juez de paz de la localidad uruguaya de Conchillas (suroeste) fue procesado judicialmente y se determinó su prisión domiciliaria por supuestos cobros ilegales de impuestos para la realización de trámites gratuitos o de bajo costo en casamientos, informaron hoy a Efe fuentes judiciales.
Además, un funcionario del juzgado se encuentra en régimen de prisión preventiva por participar en estos actos de concusión, nombre legal que recibe el hecho de que un funcionario público cobre, en beneficio propio, más de lo que corresponde por la realización de una de sus tareas.
La investigación de los hechos comenzó tras la denuncia contra este último por parte de un hombre que se iba a casar con su pareja y al cual le exigieron unos 5.700 pesos uruguayos (casi 197 dólares) por unas gestiones administrativas cuyo precio no supera los 500 pesos (unos 17 dólares), informa el Poder Judicial.
Según indica la sentencia, la jueza encargada del caso solicitará la revisión de los matrimonios oficiados por el juzgado de paz de Conchillas en los últimos cinco años para «probar el hecho denunciado y determinar desde cuándo» se realizaban estas maniobras fraudulentas, explicaron a Efe fuentes judiciales.
La condena de los dos procesados puede llegar hasta los 12 meses de prisión y acarrear una sanción económica.
Las bodas realizadas no serán declaradas nulas dado que cuando el juez de paz las oficiaba actuaba en calidad de funcionario del registro civil, organismo que no ha iniciado ningún proceso de revisión de estas uniones.
Los jueces de paz se sitúan en el grado más básico dentro de la jerarquía judicial, aunque dentro de los mismos existen diferentes rangos.
Para ejercer este cargo en Uruguay, según su Constitución, se requiere tener al menos 25 años, la ciudadanía natural en ejercicio o legal desde hace dos años y ser abogado o escribano público, si bien este último título no se tiene en cuenta en el departamento de Montevideo y solo sirve el primero.