Montevideo, 30 sep (EFE).- Una comisión parlamentaria de Uruguay aprobó hoy instar a la Asamblea General a que autorice nombrar a Juan Miguel Petit, asesor en Derechos Humanos de la ONU, como nuevo comisionado para el sistema penitenciario del país, dedicado a velar por que se cumpla la normativa de DD.HH en las cárceles.
Integrada por legisladores de todos los partidos representados en el Senado y en la Cámara de Representantes, la comisión parlamentaria, designada el pasado 1 de julio, recibió y analizó un total de 20 candidaturas para el cargo, informó a Efe el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala.
«Fue una decisión difícil porque todos los postulantes tenían muy buenas condiciones, pero había que optar por uno y advertimos que Petit tiene un grado de especialización en estos asuntos muy significativo. Es asesor de la ONU en materia de DDHH (en Uruguay) y en particular en materia de la reforma penitenciaria», dijo Abdala.
No obstante, este abogado y periodista también ejerció como relator especial de Naciones Unidas.
Ahora, el grupo trasladará el nombre elegido a la Asamblea General, el cuerpo legislativo que reúne a diputados y senadores, que debe aprobar la designación del comisionado con una mayoría especial de tres quintas partes de sus integrantes.
«Todo indica que va a ser ese el resultado (que apruebe a Petit) porque esta (la comisión) se sustenta en un acuerdo entre todos los partidos», añadió el diputado, quien afirmó que se espera que la sesión de la Asamblea se celebre en octubre.
La situación de los derechos humanos en los centros penitenciarios uruguayos es un tema por el que el país ha sido criticado por organismos internacionales.
El informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU., publicado a finales de junio, lamenta el «grave» hacinamiento en prisiones por el excesivo tiempo de encarcelamiento sin juicio en el país suramericano, una preocupación que se extiende también a otros países del Cono Sur.
Entre las funciones del comisionado penitenciario, cargo que está vacante desde fines de 2014, se encuentran la visita regular a las cárceles, la recepción de denuncias de violaciones a los derechos de los reclusos y la formulación de recomendaciones a las autoridades penitenciarias, así como la elaboración de informes para el Parlamento, según la ley.
Hasta el momento, el cargo ha sido ocupado solamente por Álvaro Garcé, del Partido Nacional, que se desempeñó como comisionado desde 2005 hasta octubre de 2014, cuando renunció para presentarse como candidato a la Intendencia de Montevideo.