Montevideo, 28 sep (EFE).- Un total de ocho son los imputados del delito de atentado agravado en Uruguay por los incidentes del 22 de septiembre en el desalojo por parte de la Policía de varios alumnos de secundaria que ocuparon la sede del órgano rector de la educación pública, informaron hoy fuentes jurídicas.
Dos días después de la decisión de procesar judicialmente a cinco personas por ese capítulo, y en el mismo sentido de lo solicitado por la Fiscalía, la jueza del caso dispuso hoy el procesamiento de otras cinco por el mismo delito.
A todos ellos, que son principalmente activistas de varias organizaciones, se les dispuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva, que consisten en trabajo comunitario por una duración de 200 horas.
Los hechos ocurrieron cuando la Policía ingresó a la sede del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en Montevideo para desalojar el edificio, que días antes habían ocupado un grupo de estudiantes de secundaria que reivindicaba mayor presupuesto para la enseñanza.
El episodio dejó un saldo de 12 detenidos, todos mayores de edad, y más de 30 heridos, la mayoría policías.
El Ministerio del Interior aseguró entonces que no hubo ninguna confrontación con los estudiantes ocupantes y que no opusieron resistencia al desalojo.
Por el contrario, añadió que fueron diferentes grupos de activistas de distintas organizaciones, entre ellas el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) -que apoya la reivindicación de los jóvenes-, los que en el exterior de la sede «la emprendieron contra las fuerzas policiales» con piedras, hierros y todo tipo de objetos contundentes.
Los detenidos fueron liberados al día siguiente del suceso y en los últimos días declararon ante la Justicia.
Según establece el Código Penal uruguayo, comete delito de atentado quien usa la violencia o amenaza contra un funcionario público con los diversos fines enumerados en la misma norma, entre los que aparece estorbar al funcionario en el libre ejercicio de su función.
No obstante, otro artículo establece como circunstancia agravante que la violencia o amenaza se ejerza por más de tres personas y menos de quince.
Algunos sindicatos de docentes uruguayos, que en los últimos meses han realizado numerosos paros y movilizaciones para reclamar al Gobierno principalmente mejores salarios y más presupuesto para todo el sector, condenaron tras los hechos en el Codicen «la brutal represión» policial que dicen se registró en el desalojo.
Asimismo, once de los manifestantes detenidos presentaron el pasado 24 de septiembre una denuncia ante la Justicia por la «inusitada violencia» policial durante los hechos ocurridos ese día.
En este sentido, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, mostró el pasado lunes ante la prensa imágenes del desalojo para desmentir el uso de la violencia señalada en versiones que someten, dijo, «a la Policía al escarnio».