Montevideo, 27 jul (EFE).- El empresario argentino Juan Carlos López Mena, dueño de la naviera Buquebús, espera que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo suspenda la decisión del Gobierno de no prorrogar a su favor la licencia de la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo, que caduca el próximo agosto.
«Es un tema que afecta no solo a la concesión misma de la terminal de Buquebús, sino a la seguridad jurídica de muchas empresas», explicó a Efe Mario Enrique Colman, abogado de López Mena, para afirmar que la empresa interpuso un recurso contra la decisión del Gobierno de no prorrogar el acuerdo por el uso de la terminal y de volver a licitarla.
«Hasta que no exista pronunciamiento de la Justicia, ellos (el Gobierno) continúan en su designio de tomar posesión de la terminal. Por ello es tan importante que el tribunal suspenda provisoriamente el acto administrativo del Poder Ejecutivo», añadió hoy el abogado.
En 1994, la Administración Nacional de Puertos (ANP) y Buquebus firmaron un contrato que daba a la empresa la concesión de la terminal por diez años y se estableció la posibilidad de concretar prórrogas por períodos adicionales por un máximo de 30 años, hasta 2024.
Desde la prórroga por cinco años firmada en 2005, durante el primer mandato del actual presidente, Tabaré Vázquez (2005-2010), no se firmó una nueva hasta abril de 2014, con José Mujica como presidente (2010-marzo de 2015) pero con retroactividad, por lo que vence este año.
Días antes de dejar la Presidencia, el pasado febrero, Mujica ratificó en una resolución su decisión de no prorrogar el acuerdo por el uso de la terminal y de volver a licitarla.
«Ahora nosotros presentamos la acción de nulidad ante un Tribunal de lo Contencioso Administrativo», aseveró el abogado, que espera que la Justicia permita a Buquebus utilizar la terminal hasta que se concrete, según explicó, la reubicación de la misma en otra zona de la ciudad, para lo que López Mena ya presentó un proyecto.
«Se hizo un pedido de prórroga basado en que tal y como se había acordado con varias instituciones del Estado, con la Intendencia de Montevideo y la ANP, se iba a hacer un proyecto que se llamaba Bellavista, que era la reubicación de la terminal de puertos», especificó Colman.
«Eso es una inversión privada cercana a 100 millones de dólares», añadió.
A su juicio «no tiene lógica quitarle la base física a Buquebus siendo que estaría haciendo una nueva inversión de una envergadura millonaria».
Además de gestionar la terminal, Buquebus opera el transporte fluvial entre Argentina y Uruguay.
En una entrevista con el diario uruguayo El País, López Mena argumentó el pasado sábado tener «cierta esperanza» en que la empresa pueda seguir siendo concesionaria.
«También presentamos ideas para hacer una terminal nueva en otro lugar, ya con un plazo más largo», añadió.
«Mujica me dio su palabra y me dijo que había habido un error. Hay testigos. Me dijo que me quedara tranquilo, que me iba a ampliar la concesión», aseveró el empresario, quien está convencido de que es «muy importante» que el Estado tome «conciencia» de que también como presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Uruguaya se ha «cansado» de llevar inversores a Uruguay.
El exmandatario Mujica afirmó este domingo a Canal 10 que López Mena ha hecho un «porvenir» con las relaciones económicas con Uruguay y que el país «también se ha beneficiado», pero que las relaciones empresariales «no fueron gratis».
«Como el Uruguay es republicano y los Gobiernos cambian, a mí no me parecía de buen tono condicionar el Gobierno que venía con una decisión a última hora, cuando fundamentalmente quienes más entienden, las autoridades del puerto, tenían frente al problema otra visión», señaló.
El presidente de la ANP, Alberto Díaz, dijo recientemente que Buquebus tendrá que abandonar la terminal, y que será la propia ANP la encargada de controlarla de manera provisional, hasta que se pronuncie la Justicia.
Para Colman, esta decisión se trata de «un castigo» por el contexto político que dejó el caso Pluna.
En 2012, esa aerolínea, propiedad del grupo argentino Leadgate en un 75 % y del Gobierno uruguayo en el 25 % restante, se declaró en quiebra y el Parlamento aprobó su liquidación debido a la crítica situación financiera, con una deuda de 300 millones de dólares.
Para paliar parte de la deuda, el Gobierno intentó subastar siete de los aviones de la empresa, en una maniobra que quedó abortada tras un escándalo en el que estuvieron envueltos López Mena y varios jerarcas del Gobierno.
«Esto no es ninguna factura por el caso de Pluna, es totalmente independiente», aseguró ayer Mujica.