Montevideo, 18 ago (EFE).- Los trabajadores del sistema judicial uruguayo mantienen sus reivindicaciones de aumento salarial, en un conflicto que se remonta a hace cinco años y que este miércoles tendrá una nueva fase con la reunión con el Gobierno.
Así lo dijo a Efe Carlos Fessler, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del país (Afju), el gremio que reúne a la mayor parte de los trabajadores del ámbito de la Justicia.
Aunque anteriormente los judiciales reclamaban un aumento del 26 %, el secretario general de Afju resaltó que los sindicatos no quieren «catalogar con ningún porcentaje» sus exigencias, y que están abiertos a conversar con el Poder Ejecutivo alternativas para resolver una situación que «se está agravando».
En concreto, los sindicatos de funcionarios, magistrados, actuarios, defensores y fiscales se presentarán juntos por primera vez mañana a negociar su reclamo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo que marca un cambio en las negociaciones, que hasta ahora se mantenían con cada gremio por separado.
«Que no haya paros no quiere decir que el conflicto no esté empeorando», indicó el dirigente sindical, quien además acotó que el objetivo de los trabajadores del sistema judicial es «crear un espacio de trabajo constructivo» para la resolución del reclamo.
El origen del problema se remonta a 2010, cuando la administración del entonces presidente José Mujica (2010-2015) aprobó un incremento de salarios para los ministros de Estado y de esa forma equipararlos con los sueldos de los senadores.
Los sueldos de los trabajadores del sistema judicial uruguayo están ligados a los salarios de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que a su vez, por ley, deben estar equiparados a las retribuciones de los ministros de Estado.
Desde entonces, los trabajadores judiciales han estado en conflicto y han presentado demandas al Estado que se encuentran en distintos grados de avance y no fueron pocos los paros a finales de 2014.
Una sentencia de primera instancia de marzo, que obliga al Gobierno a resarcir a alrededor de 4.000 funcionarios judiciales, fue apelada por el Poder Ejecutivo, que no tiene presupuesto para pagar los 60 millones de dólares que debería desembolsar.