Montevideo, 11 oct (EFE).- Tres de cada cuatro armas de fuego vinculadas a delitos en Uruguay están registradas en el organismo responsable de su control en el Ministerio de Defensa, que tiene contabilizados, según informó a Efe, más de 604.000 dispositivos, en su mayoría revólveres, en un país de 3,3 millones de habitantes.
«Tres de cada cuatro armas involucradas en delitos, porque nosotros pedimos un informe del Poder Judicial y del Ministerio del Interior, son armas registradas. O sea, han sido hurtadas o compradas legalmente pero terminan en manos del delincuente», contó a Efe el jefe del Registro Nacional de Armas (RNA), Daniel Farías.
El Ejército uruguayo, que pertenece al Ministerio de Defensa, gestiona ese organismo de control desde su creación, en 1944, y ha registrado 604.632 armas hasta el pasado julio, de las cuales 329.749 consta que están en poder de sus propietarios, de acuerdo con el RNA, que observa la renovación periódica de sus respectivas guías de posesión.
Dicho documento comprueba que el dispositivo ha sido debidamente registrado y habilitado para ser portado por la persona que solicitó el permiso tras un proceso que busca comprobar la idoneidad del usuario.
Los revólveres representan la mayoría de los aparatos regularizados, un 43,27 % del total, seguidos de rifles, pistolas y escopetas.
Considerando la población uruguaya que es de 3,3 millones de habitantes y la cifra de dispositivos cuyos documentos son renovados, hay aproximadamente un arma de fuego por cada 10 personas en el país suramericano.
La proporción se reduce a cerca de un arma por cada cinco ciudadanos si se tiene en cuenta el total de casi 605.000 registros desde 1944.
«Puede parecer, con esos números, que Uruguay es un país demasiado armado, pero en realidad lo que tenemos es un registro muy bueno», evaluó el coronel Farías y agregó que el RNA ha sido pionero en la región.
Por otro lado, un estudio internacional de la organización Small Arms Survey en 2007 ubicó a Uruguay entre los diez países más armados del mundo, en noveno lugar, basándose en la posesión de armas por parte de civiles.
En ese sentido, los datos del RNA señalan que un 8,39 % de las guías de posesión emitidas pertenecen a militares y policías, y el 3,11 % a coleccionistas, por lo que el casi 89 % restante de registros fueron concretados por la población civil.
El abogado Martín Fernández, del Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (Ielsur), coincide con el coronel Farías respecto de los casos de armas legales que terminan robados e involucrados en crímenes.
Sin embargo, el experto alertó de la existencia de «fenómenos de corrupción» que contribuyen a que un alto índice de dispositivos registrados esté relacionado con delitos.
«También es necesario centrarse en la delincuencia que puede estar detrás, por ejemplo, de fuerzas policiales que por determinados mecanismos logran denunciar sus armas como robadas y venderlas en el mercado negro», aseguró a Efe.
Con el apoyo de la Unión Europea (UE), Ielsur lleva a cabo una campaña por el desarme civil en la que advierte del impacto de las armas de fuego en la vida cotidiana, como en los sistemas de salud, en la violencia de género y en la seguridad pública en general.
En ese contexto, Fernández recordó el debe del Ejecutivo respecto de la reglamentación de la ley de «porte, comercialización y tráfico de armas de fuego», que cumplió un año desde su aprobación en agosto de 2014, a pesar de que debería haber sido reglamentada en un plazo de 90 días.
Por su parte, Farías explicó que la norma crea las condiciones de seguridad para que la población tenga acceso a las armas sin que las mismas «se transformen en un problema para la sociedad civil», como muestran las cifras actuales.
Fuentes oficiales informaron a Efe que una disputa de poderes entre los ministerios de Defensa y del Interior, responsables por presentar las propuestas reglamentarias, ha contribuido al atraso.
Mientras tanto la legislación que tipifica el crimen del tráfico de armas y alinea Uruguay a las convenciones internacionales sobre el tema no puede ser aplicada en su totalidad ya que muchos de sus artículos dependen de la reglamentación.